El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón intentó en octubre de 2002 atribuir a dirigentes de Batasuna prácticas que suponían "una auténtica limpieza étnica e ideológica en Euskadi", lo que constituía, en su opinión, un delito de crímenes contra la humanidad.

   En la misma línea que la querella que ha provocado que la Audiencia Nacional se declare competente para investigar por genocidio a cinco históricos militantes de la banda terrorista, Garzón aseguraba entonces que los integrantes de la formación ilegalizada "partiendo de la falta de un respaldo electoral suficiente para conseguir los objetivos perseguidos" habían puesto en marcha esta "estrategia de limpieza étnica" y una "depuración del censo electoral".

   Garzón advertía de que se trataba de una "segregación de una parte de la población de derecho de un territorio, por razón de su origen étnico o geográfico o de su presunta adscripción ideológica", lo que estaba tipificado en el Código Penal y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como crimen contra la humanidad.

   En su opinión, ETA y su complejo terrorista y especialmente HB-EH-Batasuna desarrollaban una actividad encaminada al "mantenimiento sistemático de un clima social de presión e intimidación tendente, no solo a lograr una hegemonía política nacionalista extrema en todo el territorio, sino a obtener la segregación del sector no nacionalista de la población con el propósito último de hacerle insoportable la permanencia en aquel territorio, obligándosele a abandonarlo".

   Añadía que muchos integrantes y dirigentes de HB-EH-Batasuna "han cometido presuntamente contra el colectivo social que no les es afín ideológicamente, de manera regular y obedeciendo la estrategia previamente establecida por la organización terrorista en la que se integra, delitos de amenazas, coacciones, lesiones, tratos degradantes, menoscabo de la integridad moral, calumnias, injurias, daños, usurpación y ocupación ilegal de edificios públicos, desobediencia, malversación de caudales públicos en las instituciones que controlan, obstrucción a la justicia y discriminación".

   Garzón advertía y especificaba "que así se demostraría en la causa" que Batasuna emplea los mismos métodos de intimidación para el conjunto de la sociedad que los utilizados en Sicilia el crimen organizado, porque prohíbe cualquier discrepancia con la agresión y el acoso, y ocupa con personas afines los vacíos de poder que van dejando en las instituciones democráticas los amenazados.

JUICIO 11 AÑOS DESPUÉS Y POR PERTENENCIA

   La causa a la que hacía referencia el juez, ahora apartado de la carrera por prevaricación, es la que se investigaba a una cuarentena de miembros de la formación ilegalizada y a más de 100  'herriko tabernas' declaradas responsables civiles subsidiarias por financiar a ETA.

   El juicio comenzó el pasado mes de octubre, más de 11 años después del comienzo de la investigación, iniciada tras la detención, en abril de 2002 por orden de Garzón, de una decena de personas acusadas de desarrollar un plan de financiación ideado por ETA a través de los locales.

   En el banquillo se sientan una treintena de acusados que se enfrentan a penas de hasta 12 años de cárcel, por delitos, no de crímenes contra la humanidad si no de colaboración o pertenencia a banda terrorista.  El principal representante de la formación ilegalizada, Arnaldo Otegi, no está entre ellos. Quedó finalmente fuera de la vista oral como acusado porque ya fue condenado por integración en el conocido como 'caso Bateragune'.