El fiscal del 'caso Nóos', Pedro Horrach, ha reiterado este viernes que su intención es proponer que se recurra la sentencia del 'caso Nóos' en lo relativo a los hechos de la Comunidad Valenciana, donde la Audiencia de Palma no vio delitos, lo que implicaría una pena mayor para Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, se ha reafirmado en su intención de proponer a los fiscales del Tribunal Supremo un recurso de casación porque considera que en la Comunidad Valenciana "hay indicios sólidos para poder imputar y ser condenados por delito de malversación de caudales públicos". La Audiencia no lo vio así porque entendió que los precios de los foros organizados en esta comunidad estaban "plenamente justificados".

También quiere recurrir la decisión de las magistradas de considerar CACSA como una entidad que no debe someterse a la ley de contratación pública.

Según ha explicado, si el Tribunal Supremo aceptase su criterio eso supondría elevar las penas para los principales acusados, porque el delito de malversación conlleva penas de entre cuatro y ocho años de cárcel, dada "notoria entidad de la malversación".

También insistirá en un delito de falsedad en documento público y documento mercantil que las magistradas de Palma han excluido por entender que los documentos presentados para sustentarlo "no tienen trascendencia a nivel jurídico".

Si el Supremo diese por probado este delito, también conllevaría penas de cárcel más altas para los principales acusados. Lo mismo sucedería con los responsables valencianos, para quien Horrach pedía penas de cárcel --11 años para el ex vicealcalde Alfonso Grau-- pero fueron absueltos por el tribunal.

RECURRIR LA PRESENCIA DE MANOS LIMPIAS

En tercer lugar, propondrá a la Fiscalía del Supremo que recurra la decisión de la Audiencia de legitimar a Manos Limpias para ejercer la acusación popular y sentar en el banquillo a la Infanta Cristina en contra del criterio de la Fiscalía.

Horrach, que siempre arguyó que la Infanta estaba en el banquillo "por ser quien es", no cree que su esposo haya eludido la prisión provisional también "por ser quién es". También en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha insistido en que él puede "estar de acuerdo o no con el auto" de la Audiencia, pero que sí es "razonable y motivado".

La Fiscalía había pedido para Urdangarin prisión eludible con fianza de 200.000 euros porque consideraba que sus circunstancias "rebajaban el riesgo" de fuga pero no lo anulaban del todo por la gravedad de las condenas.

Sin embargo, las magistradas entendieron que el riesgo de fuga "está prácticamente descartado" tanto en su caso como en el de su ex socio, Diego Torres. Así, desde ese punto de vista de la Sala, considera que la decisión de dejar en libertad provisional a ambos "es razonable" y "no se trata de ninguna situación anormal", incluso ha añadido que en otros casos con penas superiores no han existido medidas cautelares de prisión preventiva".

A su modo de ver, que se permita a Urdangarin seguir viviendo en Suiza "es excepcional en la medida en que hay pocos casos en que ocurra así, en que el condenado resida en otro país". Así, no cree que la decisión de Urdangarin responda a ningún "privilegio" y tampoco le resulta extraño que el auto hable de "circunstancias notablemente conocidas" porque es "una persona con una posición social y personal muy conocida por las circunstancias que ha atravesado".

URDANGARIN PODRÍA IR AL CONSULADO EN VEZ DE AL JUAZ

Sin embargo, sí ha añadido que no sería "ilógico ni irrazonable" que la obligación de que comparezca una vez al mes ante la autoridad judicial local se traslade más bien a la Embajada o al Consulado español en la ciudad.

Horrach entiende que las medidas contra Torres sean algo más duras --se le ha retirado el pasaporte-- porque su condena es más grave, ocho años y medio frente a seis años y tres meses del ex duque. Él, por su parte, ha explicado que pidió para Urdangarin una fianza --para eludir prisión-- el doble que la de Torres porque la ley establece que hay que tener en cuenta la situación económica de cada uno.

LA ALARMA SOCIAL NO ES MOTIVO DE PRISIÓN

El fiscal ha dejado claro que el daño que el caso ha ocasionado a una institución como es la jefatura de Estado no es algo que esté tipificado como agravante en el Código Penal. Y también ha añadido que, "afortunadamente", hace años que desapareció la alarma social como motivo de prisión preventiva, porque era un criterio "excesivamente ambiguo".

Por último, ha insistido en que todas las decisiones del 'caso Nóos' las ha tomado con total autonomía, sin instrucciones de sus superiores ni del ministro de Justicia. "Me limité a comunicar a la teniente fiscal, Belén Suárez, lo que iba a solicitar, le pareció razonable y así se acaba todo", ha dicho.

De hecho, ha relatado que el anterior fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, se puso en contacto con él para decirle que no estaba "para ocultar nada ni para proteger a nadie".