El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quiere acabar con la limitación salarial para sus cargos públicos, establecida desde el nacimiento de la formación en 2014 en una cantidad máxima equivalente de tres Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) --además de complementos por personas a cargo--. También ha propuesto que los mandatos, incluido el suyo, puedan durar más de los doce años fijados ahora como límite, si lo permiten los militantes en una consulta.

Así consta en la propuesta de Código Ético que ha presentado el equipo 'Un Podemos Contigo' que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno para la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos que culminará el 21 de marzo, en la que el líder 'morado' sacará adelante sin problemas sus iniciativas, ante la falta de competencia.

En el documento, que recoge Europa Press, Iglesias y los suyos defienden que "todos los cargos electos y todos los cargos internos
de Podemos aceptarán la limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de representación, asumiendo la obligación de rendir cuentas públicamente y con la consiguiente aceptación del compromiso de total transparencia".

Y a continuación, detallan que "debido al incremento del SMI desde la llegada de Podemos a las instituciones, y ante la perspectiva de que este continúe aumentando, el SMI deja de ser un marco de referencia válido para la limitación salarial" de Podemos. "A partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas", añaden.

El partido morado fijó esta limitación de tres salarios mínimos, obligando a los cargos públicos a donar el resto a causas sociales y a las arcas del propio partido, con el objetivo de que ningún cargo público cobrara sueldos desorbitados.

Además, Iglesias incluye en su nueva propuesta de estatus la posibilidad de alargar su mandato y el del resto de cargos públicos e internos más allá de los 12 años que se habían fijado hasta ahora, si así lo deciden los inscritos en una consulta.

Es decir, su documento ético establece "la limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a doce años" como hasta ahora, pero añade que, "más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas".

NO COBRAR DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

Asimismo, incluyen una nueva cláusula que obliga a sus miembros a renunciar "a cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por la pertenencia _derivada del ejercicio de sus funciones públicas_ a los consejos de administración de algún ente u organismo público".

El resto del texto reproduce prácticamente en los mismos términos el Código Ético vigente actualmente, que fue el que se aprobó en la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II en febrero de 2017.

Así, por ejemplo, se mantiene la obligación de renunciar "a cualquier plan o fondo de pensión que cualquier Administración Pública pudiese haber contratado, al margen de a los que tengan derecho los empleados públicos".

"No habrá más derechos en materia de jubilación con cargo a los fondos públicos que los establecidos en la Seguridad Social, en Clases Pasivas del Estado o aquellos que la Administración Pública tenga contratados para sus empleados públicos", señala el texto.

También conserva la obligación de renunciar "a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representante y, desde la responsabilidad como cargo público, al acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial".

Asimismo, mantiene la obligación de que sus cargos electos se comprometan a renunciar a sus puestos, en el caso de que así lo decida la militancia en una consulta, si están inmerso en un proceso de revocación interna. Es decir, debe "exigir y respetar que cualquier cargo electo sea, a lo largo de todo su mandato, un mero representante obligado a vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación".

"Este compromiso significa que los cargos electos de Podemos que se encuentren inmersos en un proceso de revocación interna (conforme a la consulta a la asamblea territorial correspondiente) deberán aceptar la voluntad de las personas inscritas en la organización,
incluida la renuncia al acta en el caso de los cargos públicos", explican.