La muerte de Billy el Niño cierra un capítulo en la página negra del franquismo, que hasta la fecha la democracia no ha logrado sanar. Nunca fue juzgado y nunca le retiraron sus medallas, como exigían sus víctimas y algunos partidos de quien consideran un símbolo de la represión en la dictadura.

Porque Antonio González Pacheco lo ha esquivado todo, menos su alias de Billy el Niño (decían sus víctimas que torturaba como en el Oeste y se paseaba por la universidad pistola en mano): la causa abierta en Argentina por víctimas del franquismo, la extradición que tramitó la Audiencia Nacional, las decenas de querellas por crímenes de lesa humanidad y la Ley de Justicia Universal, al margen del asunto de las medallas. Todo, menos el coronavirus.

Hace meses, sus víctimas directas trazaron para Efe su perfil. Sus relatos hablaban de un ser que torturaba con un "placer" ejecutado con mimo "vocacional" en las cárceles madrileñas y en la Dirección General de Seguridad (DGS), donde "hacía horas extra".

Según ellas, "lo disfrutaba". Los detenidos no paraban de recibir golpes, Billy de darlos. No descansaba. Su plan no era otro que "romperte y desarmarte psicológicamente", como así reconocían sus víctimas, para quienes en ocasiones solo había dos vías de escape: suicidarse o morir. "¿Me matarán o mejor me mato yo?", pensaban.

Y si la tortura no funcionaba, te llevaban "de paseo". Ningún detenido quería oír esa palabra, era sinónimo de punto y final.

Pero no ha habido arquitectura jurídica suficiente para hacerle rendir cuentas por sus crímenes. Visto de otro modo, esa arquitectura siempre ha funcionado como un engranaje, en su favor. Ya sea por la prescripción de los delitos o por la Ley de la Amnistía, un muro para todas las querellas que fracasaron en su intento por sentarlo en el banquillo por delito de torturas y detención ilegal.

No bastó encuadrar esas acciones en crímenes de lesa humanidad, que según Naciones Unidas jamás prescriben, pero que en España no se pueden perseguir con carácter retroactivo, amén de que la Justicia nunca consideró sus actuaciones en la policía franquista como tal.

En nuestro país, el recorrido judicial contra Billy el Niño se agotaba en el mismo momento de iniciarse. Cada querella era archivada al momento. Es, de hecho, el personaje menos investigado de la historia democrática de España en proporción al número de querellas presentadas: 15. Pero hubo una puerta abierta: Argentina.

Allí una jueza Maria Servini trató de extraditarlo por torturas a 13 personas entre 1968 y 1975, en el marco de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. No tuvo éxito, porque la Audiencia Nacional no accedió a ello en 2014. Fue lo más cerca que ha estado nunca de sentarse en el banquillo, algo que el jamás entendió que le pudiera suceder.

Quienes estuvieron presentes en aquel procedimiento ante la Audiencia aún recuerdan su estado hierático. Y su cambio. Se sentía inabordable, pero de allí salió angustiado y preocupado, aunque victorioso. También su fobia a ser visto, fotografiado, al menos frente a una sede judicial (iba con gafas y casco de moto), porque sí constan imágenes de él corriendo, una de sus pasiones.

Y mientras tanto, Pacheco siempre mantuvo sus cuatro condecoraciones -y los pluses que generaban en su pensión- pese a que los últimos años el cerco político a su figura se estrechó. Las peticiones para retirárselas aumentaron, pero Pacheco siempre las salvaba, por acción u omisión de los que decidían.

Hasta que el Gobierno de Sánchez se comprometió a ello. Las cámaras dieron el primer paso aprobando en febrero la publicación del expediente de las medallas. Y hasta aquí se puede leer. Como reconocen muchos políticos tras su muerte, no han llegado a tiempo, porque cualquier acción a título póstumo no tendrá el mismo valor.

Lo que ocurre es que a sus víctimas ya solo les queda eso. La Asociación para la Recuperación de la Memoria ha pedido al Ejecutivo la retirada póstuma de las condecoraciones, junto a una declaración de condena institucional y de reconocimiento a sus víctimas.

Esa es hoy toda la reparación a la que aspiran de un policía que se moldeó uno de los perfiles más negros de la historia reciente de España con amenazas, humillaciones, golpes y terror, como denunciaron sus víctimas.

Ahora su impotencia es máxima. Querían, por encima del asunto de las medallas, que fuera juzgado y pagara por sus delitos.

Siempre se temieron este desenlace de una persona que "ha gozado de todos lo beneficios en este país". El activista y antiguo preso político Chato Galante, fallecido como él por coronavirus, ya lo advirtió. Había miedo a que muriera impune y con las medallas puestas. Y así ha sido.