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España

El juicio de los papeles de Bárcenas quedará visto para sentencia esta semana

Observatori DESC redujo su petición de condena para Bárcenas al aplicarle la atenuante de arrepentimiento tardío por su "voluntad de cooperación"

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  • Luis Bárcenas. -

El tribunal que juzga al extesorero del PP Luis Bárcenas por el presunto manejo de una caja b en el partido prevé dejar esta próxima semana el juicio visto para sentencia una vez que las acusaciones y las defensas terminen de exponer sus informes finales, que darán a conocer a partir del lunes.

La semana pasada lo hicieron la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que mantuvo su petición de 5 años de cárcel para Bárcenas, ya que, pese a haberse mostrado colaborador con la Justicia poco antes del inicio de la vista, la versión del extesorero le genera "dudas" y "cautela" debido a sus distintas explicaciones.

El recién designado número 2 de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral, dejó claro no obstante que tiene la "convicción" de que los llamados papeles de Bárcenas, que reflejan esa caja b, son "reales", tanto los manuscritos como los que entregó él después en formato digital.

Recogen, "al menos en parte", "ciertas anotaciones" con "información veraz" y "transcendencia jurídico penal", señaló en la lectura de su informe.

Como el fiscal, la Abogacía del Estado también considera acreditado que parte de las obras de la sede del PP en la calle Génova se pagaron en negro -principal acusación en este juicio- dado que hay indicios que "evidencian fuera de toda duda" que la empresa que estuvo al frente, Unifica, ingresó cantidades que no declaró, y se basó en apuntes a nombre del arquitecto y acusado, Gonzalo Urquijo, que aparecen en los papeles de Bárcenas.

Tras ellos, el tribunal escuchará a partir de este lunes los informes finales de las seis acusaciones populares personadas en esta causa, entre ellas IU, ADADE y Observatori DESC, y que la semana pasada anunciaron la modificación de sus conclusiones provisionales.

En concreto, retiraron la acusación contra una empleada de Unifica, Laura Montero, quedando así fuera de la causa, dado que la Fiscalía y la Abogacía no se dirigían contra ella.

Observatori DESC redujo su petición de condena para Bárcenas al aplicarle, al contrario que el fiscal, la atenuante de arrepentimiento tardío por su "voluntad de cooperación", y otras acusaciones rebajaron la que solicitaban para el exgerente del PP Cristóbal Páez al eliminar algún delito por el que se le acusaba.

También Izquierda Unida, que propició la apertura de esta causa, retiró algunos delitos como el de organización criminal, por el que acusaba a Bárcenas y a Páez, para cambiarlo por el de asociación ilícita.

Ahora, en la exposición de sus informes explicarán con detalle esas modificaciones, ante las que Romeral aprovechó para defender a la Fiscalía tras la "llamada de atención" que le hizo el letrado de la acusación de IU, cuando le manifestó que le sorprendía "la actitud timorata y poco expansiva del Ministerio Fiscal" a la hora de acusar en esta causa.

Algo que recordó al ver cómo en la fase final del juicio las acusaciones retiraron delitos de los que la Fiscalía no acusó por considerar que o bien habían prescrito o porque no eran aplicables, como el de organización criminal, por haberse tipificado después de cometerse los hechos que se están juzgando.

Las defensas también harán lectura de sus informes pidiendo la absolución de sus patrocinados, según anunciaron en sus conclusiones definitivas, como la del PP, que pidió que no se considere responsable civil subsidiario al partido por los pagos con dinero de esa supuesta caja b, tal y como pide el fiscal.

El abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, propuso por su parte que en el caso de que el extesorero sea condenado se le apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas y de cooperación.

Tras los informes, el juicio, que comenzó el pasado 8 de febrero y en el que han comparecido como testigos antiguos altos cargos del partido como los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, quedará visto para sentencia después de que los acusados decidan hacer uso o no de su derecho a la última palabra. 

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