Al igual que en otras provincias de Andalucía, una Ciudad de la Justicia en Granada, que además es capital judicial de la comunidad
CCOO ha instado este martes a la Junta de Andalucía a destinar las partidas económicas necesarias para el estudio del proyecto que materialice, al igual que en otras provincias de Andalucía, una Ciudad de la Justicia en Granada, que además es capital judicial de la comunidad.
Ante la solicitud del presidente de la Audiencia de Granada y el juez decano, la Junta de Personal y demás operadores jurídicos, el sindicato ya consensuó exigir que se solucionara el "grave problema" de dispersión de las sedes judiciales en Granada, entendiendo que "como mal menor" estuvieran en el eje Plaza Nueva, Gran Vía y Caleta.
CCOO ha recordado que, en 2001, la Junta definía en Granada capital un mapa judicial que aglutinaba en tres grandes sedes todos los servicios de la Administración de Justicia.
El sindicato entendía que esta solución era razonable ya que no se perjudicaba ni a los trabajadores de la administración de Justicia, ni la actividad económica que aporta la ubicación de estas sedes judiciales.
Por este motivo, CCOO concedió a la Junta un plazo de un año para que buscara edificios o solares en dicho eje judicial con el objetivo de rediseñar el mapa de sedes judiciales y descongestionar el saturado edificio judicial de Caleta, así como ubicar la totalidad de la Audiencia de Granada en un solo edificio en Plaza Nueva.
Cumplido este periodo de un año, CCOO asiste "con incredulidad y perplejidad" a cómo la Junta proponía algunas alternativas "irreales e imposibles" de llevar a cabo.
El sindicato ha denunciado la "ineficacia demostrada" por la Junta toda vez que se han ido incrementando, de forma paulatina, los órganos judiciales este 2022 con la reciente creación del Juzgado de lo Social 8 y con la futura creación del Juzgado de Primera Instancia 20.
A pesar de todo, el mapa judicial sigue "inacabado" y la actual dispersión de sedes judiciales parece "eternizarse" sin que, de una vez por todas, cada jurisdicción esté completa y en su sede judicial, hecho que afecta a la buena marcha de los órganos judiciales y es perjudicial para la ciudadanía y usuarios.