El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado este sábado que considera que el PSOE ha "perdido el rumbo" ante la reforma del Plan de la Corona Norte de Doñana después de que se abstuviera el miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía durante la toma en consideración de la Proposición de Ley para su reforma y ahora pretenda llevarla al Tribunal Constitucional.

El dirigente popular ha subrayado que no entiende que el Gobierno anuncie que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para impedir la Proposición de Ley sobre la Corona Norte cuando el Grupo Socialista no rechazó la propuesta el miércoles en el Parlamento de Andalucía, según una nota de este partido.

"El PSOE debe decidir si está con la agricultura, los agricultores y el empleo de cientos de familias de los municipios de Almonte, Moguer, Bonares, Rociana del Condado y Lucena del Puerto o si por el contrario apoyan una norma injusta que impide seguir cultivando sus tierras a los propietarios", ha argumentado González, también parlamentario autonómico y defensor de la iniciativa en nombre del PP-A en la Asamblea legislativa autonómica.

González ha instado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a que "deje de justificarse ante Pedro Sánchez y le explique que el futuro de miles de personas está en juego y, en gran medida, el futuro económico de una parte importante de la comarca del Condado".

De igual forma ha reclamado a la secretaria general de los socialistas onubenses y presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, institución que aprobó en Pleno una moción del Grupo Popular que respaldaba la Proposición de Ley que "defienda los intereses de la provincia ante los ataques" del Gobierno.

"Lo que tiene que hacer el PSOE es pedir perdón a los onubenses por el flaco favor que desde el Gobierno de España se está haciendo la imagen de la comarca y exigir que de una vez por todas ejecute la Ley del Trasvase aprobada en 2018 que es, sin duda alguna, la mejor forma de ayudar a Doñana".

González ha finalizado su argumentación recordando que la Proposición de Ley "únicamente aborda cuestiones de suelo y no de agua", que no afecta "ni en un milímetro" al Parque Nacional de Doñana y que el terreno que se pretenden regularizar es en torno a 800 hectáreas.