Las defensas de la banda que explotaba a nigerianas piden la anulación de la causa

Publicado: 17/12/2012
Han solicitado la anulación del auto por el que se autorizó la intervención de escuchas telefónicas a los acusados por entender que vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones
Las defensas de los 11 acusados por su presunta relación con una banda que traía a España mujeres nigerianas para explotarlas sexualmente en clubes de alterne han solicitado hoy la anulación de la causa por vulneración de derechos fundamentales.

Durante las cuestiones previas del juicio que ha comenzado hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, las defensas han solicitado la anulación del auto por el que se autorizó la intervención de escuchas telefónicas a los acusados por entender que vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

Creen que la petición realizada por la Policía Nacional paral as escuchas, que fue concedida por el juez instructor, no tiene suficiente base indiciaria, pues partía de una denuncia anónima no ratificada y no se concretaban las fuentes ni las investigaciones realizadas.

Por su parte, la fiscal del caso ha discrepado de los criterios esgrimidos por las defensas al considerar que el oficio policial para solicitar la intervención se basa "en datos concretos que permiten al juez ingerir el derecho fundamental".

Durante la sesión de hoy han estado ante el juez los 11 procesados a los que se les acusa de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal con fines de explotación sexual, coacción a la prostitución y múltiples delitos de falsificación por los que se enfrentan a una pena global de más de 80 años.

Los considerados cabecillas de la banda -el matrimonio compuesto por H.P., un hombre de 40 años, y su mujer, T.G.J., de 30 años, así como la joven de 26 años J.B.-, todos nigerianos que se enfrentan a 15 años y seis meses de cárcel, han negado los hechos, al igual que otros cinco acusados.

Los tres restantes, que se enfrentan a penas menores por delitos de falsedad documental, se han conformado en los hechos pero no en las penas que para ellos se solicitan.

Todos ellos han sido procesados por formar parte o estar relacionados con una banda que traía a España a mujeres nigerianas con la promesa de conseguirles un trabajo en tareas domésticas o en el sector agrícola, aunque después las explotaban sexualmente obligándolas a practicar la prostitución.

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