El cielo amaneció ayer muy encapotado en Jaén, desde Despeñaperros a la capital. Pero pocos imaginaban que los nubarrones que no tardaron en descargar iban a nublar también la agenda política del Ayuntamiento de La Carolina y de la Diputación de Jaén, el primero gobernado por el PP y la segunda por el PSOE. De aquí salieron dos de los 30 detenidos (hubo un tercero en las oficinas del Ministerio de Fomento en Jaén) por la Guardia Civil en 13 provincias españolas en la tercera fase de la ‘operación Madeja’, que también dirige la jueza Mercedes Alaya y que deriva de otra investigación contra la corrupción, el caso Mercasevilla, del que, a su vez, surgió el asunto de los ERE .


Y puede decirse que fue una operación policial en diferido. A primeras horas de la mañana, la Unidad Central Operativa del Servicio de Policía de la Guardia Civil (UCO) informaba de la ahora bautizada como ‘operación Enredadera’ y de la desarticulación de una “organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de contratos públicos” y ya anticipaba entonces la detención de más de 30 personas y otros tantos imputados en los registros practicados en varias provincias españolas, principalmente de Andalucía, Extremadura y Canarias.


A esa hora aún se registraba el área de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Jaén, donde, pasado el medio día, salió detenido en un coche policial el jefe técnico de la Unidad de Carreteras. La expectación fue creciendo por momentos en los alrededores del palacio de la plaza de San Francisco. Aunque se restringieron los accesos, numerosos periodistas aguardaron, bajo la lluvia, la salida del detenido en la puerta de cocheras.


La Diputación mostró más tarde su “total disposición a colaborar con la Justicia”. Además, a través de un comunicado, informó de que se va a analizar la posibilidad de personarse en este caso si fuese necesario para defender los intereses públicos de los ciudadanos, así como la imagen de la propia institución. Aclaró asimismo que fue ayer cuando se tuvo la primera comunicación oficial, a través de un mandamiento judicial para tener acceso al despacho y puesto de trabajo del funcionario que finalmente fue detenido en la mañana de ayer, “por lo que no se ha registrado ni un área ni la sede de la Administración provincial”, precisó. Tras la detención del funcionario, la Diputación ha decidido incoar diligencias previas (inicio del proceso administrativo que puede desembocar en un expediente sancionador y en un posible cese) para aclarar todas las circunstancias, una propuesta que se abordará hoy en la Junta de Gobierno convocada de manera extraordinaria para este fin. 


Mucho más duró el registro en el Ayuntamiento de La Carolina. Los agentes, según confirmó el propio alcalde, Francisco Gallarín, se llevaron expedientes relacionados con la empresa Fitonova además de centrarse en el ordenador del concejal de Deportes y segundo teniente de alcalde, que al cierre de esta edición aún seguía retenido por la Guardia Civil en las dependencias municipales. Gallarín mostró, no obstante, su confianza en la Justicia.


La Agrupación Local del PSOE de La Carolina, a través de un comunicado, dijo que “algo olía a podrido en el Ayuntamiento” desde que hace unos meses se conociera que la juez Alaya investigaba el supuesto pago de entre 15.000 y 20.000 euros por las obras de reforma del campo de fútbol.“Por supuesto hay que respetar la presunción de inocencia, pero es una necesidad perentoria que los vecinos de La Carolina tengan explicaciones rápidas y convincentes por parte de estos responsables políticos”, indicó el PSOE.


Mientras, el secretario provincial del PP, Miguel Ángel García Anguita, lamentó que “el PSOE vuelva a manchar el nombre de la provincia de Jaén”. García Anguita exigió explicaciones a Francisco Reyes, como presidente de la Diputación y secretario general del PSOE, tras producirse este registro y la detención del jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación, “una persona que –según nos consta- es la mano derecha del diputado José Castro”.


García Anguita expresó su “respeto máximo y absoluto a la Justicia” y afirmó que “si alguien del PP de Jaén ha cometido alguna irregularidad deberá pagar por ello”, aunque añadió que “hay que dejar actuar a la justicia y a las Fuerzas de Seguridad del Estado.