Hace diez años, en plena precampaña electoral, la Junta de Andalucía decidió inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz las viviendas de Las Protegidas, en pleno centro de la ciudad, en la que más tarde se llamó la manzana de oro. Se trataba de conservar un ejemplo de la arquitectura racionalistas de la mitad del siglo pasado ante el intento del gobierno municipal (PP), con Sánchez de Alcázar como alcalde y Manuel Peragón como concejal de Urbanismo, de llevar a cabo una operación urbanística que echara abajo las viviendas y revitalizara no solo las arcas municipales, sino la zona y las casas de los propios vecinos. La Junta (PSOE) optó entonces por protegerlas, junto al edificio de la estación de autobuses, de la misma corriente arquitectónica. Sin embargo, no se protegió la escuela de Peritos y se permitió que se derribara el colegio, del mismo estilo, adyacente a las viviendas. El problema es que la medida, que iba acompañada de una fuerte inversión para rehabilitar  los edificios, se quedó solo en una figura de protección histórica y con ella se enterró la posibilidad de sus propietarios, algunos de ellos ya entonces de avanzada edad, de mejorar sus viviendas. Ahora, una década después, sin poder acometer obras que desvirtúen el diseño original, los vecinos viven en casas semiruinosas y solo les queda la Justicia (ya van por el Supremo) para deshacer el entuerto de una decisión política que como tantas, no se remató.