La Confluencia de Izquierda Unida y Ganemos Jerez presentará el próximo Pleno  una proposición para instar a la empresa propietaria de un gimnasio de la ciudad a retirar las sanciones de suspensión de empleo y sueldo a sus trabajadoras, a readmitir a la trabajadora despedida, después de haberlas “obligado” a limpiar los vestuarios masculinos con los usuarios dentro. Desde la citada coalición también pedirán que la empresa cese en sus políticas de personal “coactivas, machistas y retrógradas”, así como a que respete el Estatuto de los Trabajadores y a que ponga los medios “para evitar, que tanto a sus trabajadores y trabajadoras, como a las personas que hacen uso de sus vestuarios, tengan que soportar situaciones incómodas como las descritas”.

Según relatan, "la empresa las fuerza a limpiar los vestuarios masculinos mientras los usuarios hacen uso de los mismos, y está sancionando, con suspensiones de empleo y sueldo, e incluso con el despido, a las empleadas que piden poder desarrollar su trabajo desde las elementales condiciones de dignidad y seguridad así como desde el respeto a la privacidad de los usuarios".

De hecho, subrayan que las responsables de recursos humanos de la empresa "entienden perfectamente lo poco razonable que sería que fueran hombres quienes invadiesen el vestuario femenino con las usuarias cambiándose o duchándose", de ahí que les critiquen que "fuercen a las trabajadoras a hacerlo en el vestuario masculino, empujándolas a trabajar en un incómodo contexto en el que no faltan las escenas de mal gusto por parte de algunos usuarios".

La coalición de izquierdas denuncia que, durante este verano, la empresa ha sancionado a cuatro empleadas, suspendiéndolas de empleo y sueldo, "por defender una reivindicación tan razonable como la de poder desarrollar las tareas de limpieza en el vestuario masculino sin que en él coincidan hombres duchándose, cambiándose o, incluso, haciendo sus necesidades".

Los hechos han sido ya denunciados por UGT ante la Inspección de Trabajo por "lo intolerable de la situación", pero "lejos de dar marcha atrás en sus prácticas coactivas, retrógradas y machistas, la empresa ha empezado a amenazar a sus trabajadoras con el despido, llegando a ejecutar el primero de ellos, curiosamente el de la única trabajadora que, en virtud de la información de la que disponía la empresa, no estaba sindicada".

A juicio de la concejala Kika González, "la política de recursos humanos de esta empresa, al menos en Jerez, coaccionando, amenazando e imponiendo sanciones a las trabajadoras que intentan hacer valer sus derechos, es propia de otro tiempo y parece ajena a la evolución del marco de las relaciones laborales así como a los avances conquistados en materia de igualdad durante los últimos años".

Del mismo modo, Raúl Ruiz-Berdejo añade que "haremos lo que tengamos que hacer en defensa de los más elementales derechos de esas trabajadoras frente a empresas como ésta que se creen en disposición de pisotear los más elementales derechos laborales de sus empleadas y se niegan a respetar las más básicas condiciones de igualdad entre hombres y mujeres".