El PSOE ha presentado una serie de alegaciones a las modificaciones presupuestarias que fueron aprobadas en el Pleno el pasado 15 de noviembre con el único voto favorable del PP y que en la práctica tenían como objetivo garantizar el pago de gratificaciones y productividades a una parte de la plantilla municipal. Esas alegaciones implicarán que el Pleno vuelva a posicionarse sobre este particular.

El volumen de las modificaciones presupuestarias se elevó a 4,7 millones de euros, destinándose el 53 por ciento de esa cantidad al abono de sobresueldos, por importe de casi 2,5 millones de euros, de los que 1,9 millones se destinaban a abonos a efectivos de la Policía Local.

Además, la mayor partida del total de esas modificaciones presupuestarias (2,3 millones de euros) salía del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, una herramienta con la que deben atenderse “las necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el momento inicial que puedan presentarse a lo largo del año”.

El portavoz del grupo socialista, José Antonio Díaz, entiende que “no hay un informe favorable” del interventor municipal que avale la utilización del Fondo de Contingencia para el pago de estos “sobresueldos”, ya que “el propio” funcionario “considera que es discutible” recurrir a esta herramienta.

Además, el informe de Recursos Humanos “omite el gasto en gratificaciones y productividades para pagar sobresueldos”, considerando además el portavoz socialista que se estaría incumpliendo la Ley de Estabilidad financiera.

Según Díaz, “estas alegaciones deben llevar” a la alcaldesa, María José García-Pelayo, a “rectificar y proponer un nuevo acuerdo de Pleno conforme a ley y que cuente con un informe favorable de la Intervención municipal”.

El portavoz socialista concluye alertando sobre el “grave precedente” que sentaría García-Pelayo “si no toma en consideración estas alegaciones”, dado que “el excesivo gasto en gratificaciones y productividades debe pagarse con los recursos generales del Ayuntamiento y no con fondos de contingencia que la propia Intervención municipal califica como discutibles.

Díaz advierte de que “no se puede utilizar un procedimiento que presenta serias dudas de legalidad”, entre otras cosas porque “si la señora Pelayo se acostumbra a esta forma de gobernar volveremos a los errores y vicios de su anterior mandato, al camino de la mala gestión, de los impagos de nóminas y empresas, al recorte de servicios públicos y, en definitiva, al camino de la ruina económica de Jerez”.

Los socialistas confían en que se atiendan sus alegaciones dado que las modificaciones de crédito aprobadas en noviembre “incumplen la legalidad y son nulas de pleno derecho”.