La asociación de vecinos de La Constancia no ha perdido un segundo a la hora de remitir un escrito a la nueva consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, recordándole la “gravísima situación” en la que se encuentran al menos 36 bloques y el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía del convenio suscrito en octubre de 2009 que contemplaba la rehabilitación integral de estos edificios.

El colectivo vecinal confía al menos en obtener algún tipo de respuesta del Gobierno autonómico, después de que su último escrito, remitido en noviembre a la anterior titular de esta cartera, Josefina Cruz Villalón, ni siquiera llegara a merecerlo. Los vecinos recuerdan que la patología estructural de estos edificios es “realmente muy preocupante”, tal y como se ha evidenciado en reiterados informes técnicos.

Para que no quede lugar a la duda, el escrito de la asociación advierte de que no se está reclamando un “adecentamiento” de los edificios, algo que en todo caso “podría esperar”, sino evitar que se produzcan sucesos de “graves consecuencias” producto las “filtraciones, enormes grietas y humedades” que presentan muchas de las viviendas.

 

El convenio de octubre de 2009

El caso es que el problema debería ya de estar resuelto, toda vez que en octubre de 2009 el Ayuntamiento y la Junta firmaron un convenio para la rehabilitación integral de esta barriada, que en teoría debía ejecutarse en un plazo aproximado de dos años y que contaba con un presupuesto de seis millones de euros, correspondiendo a la Administración autonómica y al Consistorio el 75 y el 25 por ciento del mismo, respectivamente.

El verano pasado, el Gobierno local trató de desbloquear la situación ofreciendo a la Junta la posibilidad de pagar su parte en especie, mediante la cesión de suelos residenciales para la construcción de vivienda protegida, una posibilidad que se contempla en el convenio que suscribieron ambas administraciones. Sin embargo, la respuesta del Gobierno autonómico no ha sido positiva.
 

Una situación límite

En algunos inmuebles se viven situaciones extremas. Es el caso de la vivienda que ocupan Concepción Espinosa y su hija, en la tercera planta del número cinco de Manuel Lara Jerezano. Han pasado más de tres años desde que buena parte del piso fuera apuntalado por el personal de la Delegación municipal de Urbanismo. La situación es tan insostenible que Concepción tiene claro que no va a pasar otro invierno más a expensas de que las filtraciones de agua ganen la batalla que vienen librando desde hace años con las cubiertas del edificio.

Duerme cada noche con la sensación de que el techo del dormitorio se le puede caer encima, a pesar de que en este caso concreto renunció a la posibilidad de apuntalar la estancia para evitar la sensación de vivir de manera permanente entre falsas vigas de metal.

El exterior del edificio se encuentra vallado desde hace ya más de un año, en previsión de un inminente inicio de obras que nunca termina de producirse. Hace unos días, sin embargo, la comunidad de propietarios supo que los trabajos han sido finalmente adjudicados. En teoría, se han cubierto ya todos los trámites necesarios para que comiencen las obras, que están a expensas de la preceptiva licencia.

Por eso, Concepción ha embalado ya todo cuanto tiene para abandonar su vivienda en cuanto empiecen las obras. El problema con el que se encuentra ahora es que la pensión de viudedad que percibe no le permite afrontar el gasto de un alquiler. En cualquier caso, todo parecerá una cuestión menor si se la compara con la pesadilla que están viviendo los vecinos de este edificio. Este bloque será el cuarto en rehabilitarse. Todavía quedarán otros 32. Se antoja demasiado tiempo de espera y constancia para tan escasa recompensa.