Deloitte ha asumido ya la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el Ayuntamiento va a aplicar a la plantilla del grupo municipal y que supondrá la salida de 390 trabajadores. La alcaldesa, María José García-Pelayo, firmó ayer el preceptivo contrato con la empresa, que dispone ahora de un plazo de dos meses para culminar todo el proceso.
García-Pelayo aprovechó la ocasión para confirmar que hasta el 50 por ciento de los trabajadores afectados por el expediente podrán beneficiarse de prejubilaciones, lo que aminoraría el impacto social de esta medida de ajuste.
De hecho, la regidora consideró “prioritario” acogerse a este resorte legal, que permite la prejubilación de aquellos trabajadores que habiendo cumplido los 61 años de edad acumulen además treinta de cotización a la Seguridad Social. Eso sí, quienes se acojan a esta medida deben incluirse en el ERE y cobrar el subsidio de desempleo en los seis meses siguientes a la resolución de sus contratos.
Una vez firmado el acuerdo con Deloitte, se abre un periodo de consultas de un mes de duración, avanzando García-Pelayo de su intención de “trabajar muchísimo” con la plantilla para que el impacto de esta medida sea “el menor posible”.
Además, y con independencia de que alrededor de doscientos trabajadores puedan acogerse a esas prejubilaciones, la alcaldesa se mostró convencida de que “con diálogo y creatividad” pueden encontrarse “alternativas” a la hora de definir los criterios de aplicación del ERE que permitan que el expediente tenga “un efecto menos dañino” que el previsto inicialmente.
El trabajo que va a realizar Deloitte -que según el Gobierno local aporta “un plus de objetividad” al desarrollo del expediente al tiempo que garantiza el cumplimiento de la legislación- tendrá un coste de 46.500 euros más IVA.
Vía libre para el pago a proveedores
La alcaldesa firmó ayer el préstamo ICO que permitirá el pago de la deuda pendiente con los proveedores por un importe inicial de 299 millones de euros. La firma de la preceptiva documentación con las once entidades financieras que se hacen cargo del préstamo abre la puerta al cobro de miles de proveedores, entre ellos numerosas concesionarias de servicios públicos cuya falta de recursos había provocado impagos a sus trabajadores en estos últimos meses. “Para nosotros, hoy es un día de satisfacción porque a partir del 29 de mayo muchos proveedores podrán cobrar sus deudas”, afirmó García-Pelayo. En la primera semana de junio podrán aportarse nuevas facturas, siendo posible que entonces se incluyan antiguos pagos pendientes con Cojetusa.
