Hace casi un año la alcaldesa, María José García-Pelayo, advertía de su intención de sacar en concesión administrativa el servicio del agua. El anuncio levantó ampollas entre la oposición y los vecinos y colectivos sociales que se constituyeron en una plataforma para defender la gestión directa del agua.

A finales de marzo, y en el mismo Pleno en el que la máxima autoridad local anunciaba un ERE para 300 trabajadores municipales que ahora se encuentra en periodo de consultas, el PP advertía de un cambio de planes, dado que finalmente sería una empresa mixta la que se hiciera con el 49% de las acciones, lo que, a su juicio, posibilitaría que el Gobierno local mantuviera siempre el control con el 51% restante de las acciones de la sociedad municipal.

Meses más tarde, parece que el PP ha vuelto a cambiar de planteamiento y ha recuperado su idea inicial, tal como les hizo saber este jueves a los propios alcaldes pedáneos, el comité de empresa de Ajemsa, alcaldesa pedáneos, y con la Plataforma del Agua. Uno encuentro en el que les trasladó que  en los próximos días se iniciará el proceso de contratación para la concesión del servicio del agua, el cual ya tiene el pliego de condiciones elaborado con informes favorables.

Desde el Gobierno se recuerda que en Pleno ya se debatió la memoria de la prestación de servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y del cambio de forma de gestión del citado servicio, pasando de gestión directa a gestión indirecta por medio de concesión de la gestión del servicio.

Esta aprobación supondrá la gestión indirecta del servicio, por lo cual “ni se vende ni se privatiza”, consideran desde el Ayuntamiento. Asimismo, el Consistorio establecerá un servicio técnico municipal que realizará el seguimiento para controlar tanto la calidad del agua como el cumplimiento de los pliegos del contrato.

El pliego de condiciones de esta concesión administrativa blinda la tarifa del agua por lo que en los próximos 25 años sólo se actualizará máximo el IPC anual. Por otra parte, garantiza la estabilidad de los trabajadores de Ajemsa, así como la subrogación de los trabajadores de IMESAPI y del contrato con Jesytel para el mantenimiento del sistema informático.

Asimismo, el pliego de condiciones incluye el mantenimiento de las bonificaciones del 95% en la tarifa, de las que en la actualidad se benefician 465 familias. Esta concesión administrativa supondrá un balón de oxígeno financiero para las arcas municipales.

En la reunión mantenida hoy, los alcaldes de Nueva Jarilla (PSOE), El Torno (PSOE), San Isidro (PSOE) y La Barca (PP) han dado el visto bueno a entrar en dicha concesión administrativa, que les supondrá unos ingresos extraordiarios para sus pedanías. Los alcaldes de Torrecera, Estella y Guadalcacín tendrán tres meses de plazo desde la firma del contrato para decidir si desean incorporarse a la concesión.