Tres hombres se enfrentan a peticiones de pena idénticas de seis años de cárcel acusados de estafar supuestamente a su antiguo socio, el promotor J.M.E.G. una cantidad aproximada de 120.000 euros procedente de una promoción de viviendas finalizada en los últimos meses de 2001.

Ambas partes habían integrado una sociedad, Arkepasur, nacida, exclusivamente para hacer frente a la citada promoción, de 13 viviendas, en la calle Ángel.

El acuerdo, según los tres imputados, era que J.M.E.G. se encargaría de aportar dinero para el suelo, y que la empresa compartida por M.R.M., S.R.M. y D.S.J. haría frente al proyecto arquitectónico, la dirección técnica y verificación de las certificaciones de avance de la obra. Además, D.S.J actuó como inversor solidario de Arkepasur y tenía acceso a la cuenta bancaria de la que salió el presupuesto.

De este modo, los tres acusados afirman que iban a recibir, en virtud del acuerdo, un 50% de los beneficios, así como el pago de sus honorarios por las actividades llevadas a cabo durante los trabajos en el momento en que los pisos estuviesen vendidos y la promotora tuviese liquidez.

De hecho, en agosto de 2001 cobraron más de 7 millones de pesetas, pero por distintas desavenencias con el empresario y supuestas presiones –entre ellas una supuesta agresión al arquitecto- relacionadas con la exigencia por parte de ellos de una mayor cantidad de dinero por otros servicios, se desvincularon de la sociedad, perdiendo el derecho a su 50%.

Falsificación
El denunciante sugiere que los tres acusados pactaron con el constructor quedarse con un porcentaje de las certificaciones, es decir, el dinero aportado por el banco en las diversas fases de la obra, engordando para ello las facturas emitidas.

La acusación presentó dos grabaciones como prueba, una de ellas una conversación entre M.R.M. y el constructor. Los acusados negaron la veracidad de esta evidencia, y afirmaron que una empresa tasadora independiente realizó informes con cuantías idénticas e incluso superiores a las suyas, lo que demostraría que no las engordaron para quedarse con una parte.

En este sentido, relacionaron el incremento del precio final del proyecto a 133 millones de las antiguas pesetas –sobre un inicial de 114, según los acusados, de 91, según  la acusación particular- en modificaciones habituales en estos casos.