Más de una treintena de agentes de la Guardia Civil participaron a primera hora de la mañana de este miércoles en un operativo, en el que han registrado las oficinas de un conocido despacho de abogados, situado en la calle Larios número 7. El dispositivo está relacionado con una investigación de la Audiencia Nacional sobre el tráfico de cocaína a nivel internacional, y la posible red financiera e inmobiliaria para blanquear, presuntamente, el dinero procedente de esta actividad.   Los agentes se personaron en la primera planta del edificio, ubicado muy cerca de la Plaza de la Marina, y tras golpear la puerta entraron para requisar documentación del despacho. Según indicaron fuentes relacionadas con la operación, en ese momento se encontraba en el interior J. F. R., empresario y letrado jefe del bufete Legal & Trading, a quien los agentes comunicaron su situación de investigado y posterior arresto para pasar a disposición judicial.   El operativo con varios vehículos oficiales del Instituto Armado finalizó pasadas las 9:30 horas, y causó una enorme expectación entre los paseantes de calle Larios y el personal que acudía a las distintas oficinas bancarias y establecimientos del centro a trabajar.   Según figura en la publicidad del despacho jurídico, la actividad que abarca desde hace más de 20 años comprende el asesoramiento a sus clientes en comercio internacional para la exportación e importación, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Además se publicita como especialista en la coordinación de negocios en Dubai, Bagdad y del Kurdistán iraqui.   QUEJA DEL DECANO DE LA ABOGACÍA  MALAGUEÑA   La entrada y registro en el bufete jurídico ha causado un fuerte malestar entre la abogacía malagueña. El decano del Colegio, Salvador González Martín, lamentó "las formas" en la que la Guardia Civil ha llevado el operativo.    "Nos ha llamado la atención por la parafernalia que han montado, ya que se trataba de un despacho abierto al público. Era tan fácil, con el compañero que estaba dentro, como llamar a la puerta y entrar con la orden", indicó González, que agregó que el operativo de la Benemérita contrasta con el que hace el Cuerpo Nacional de Policía en Málaga "que siempre avisan al Colegio de Abogados de cualquier entrada y registro para que, incluso, alguien del colegio pueda estar presente".   El máximo representante de los cerca de 6.000 letrados de la provincia de Málaga quiso recordar que en los despachos "hay datos de clientes, empresarios y ciudadanos que están sometidos al secreto profesional, y si no son objeto del registro, éstos datos deben salvaguardarse como establece el Estatuto General de la Abogacía". González ha hablado con los compañeros del letrado investigado para ofrecerles su apoyo personal y recordó la presunción de inocencia.   La actividad del despacho, como consecuencia de esta intervención judicial, ha quedado suspendida. Los compañeros del letrado han colocado en el exterior de la puerta un cartel en el que se puede leer: "Estimados clientes, en el día de hoy no podremos atenderles, disculpen las molestías".