La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo nacional y autonómico que en Málaga agrupa a la mayoría de los jueces asociados que ejercen en tribunales y órganos unipersonales de esta provincia, no suscribirá el acuerdo alcanzado esta semana entre cinco asociaciones de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia y Hacienda, por el que se desconvocará la huelga indefinida que estaba prevista inicialmente para el 16 de mayo y que se pospuso, tras la apertura de negociaciones a principios de mayo, para el día 22.   Y el motivo principal es el desacuerdo por las cantidades ofrecidas por el departamento de la ministra Pilar Llop que, según la APM, no suponen recuperar el poder adquisitivo pérdido en los últimos diez años. El acuerdo comporta un incremento de 440 euros brutos mensuales para los magistrados de órganos colegiados, y de 450 euros brutos al mes para los que tienen su destino en tribunales unipersonales.    Estas cantidades son sobre doce mensualidades, si bien la cuantía total se devengará y prorrateará en 14 pagas, y ello significa que tras dividirse las cuantías brutas los importes pasan a ser de 377 euros para órganos colegiados, como Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), Audiencia Nacional, o Supremo (TS), y de 385 euros al mes para los jueces destinados en juzgados de Instrucción, Primera Instancia, Penales, Sociales, Contenciosos-administrativos, Violencia de Género, Registro Civil, o en Vigilancia Penitenciaria.    La APM recuerda que a estos incrementos hay que aplicarles una retención de entre el 25% y 33%, por lo que las cantidades netas a cobrar oscilarán entre los 252 y 289 euros netos al mes.   Estos importes tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023, aunque si bien se pagarán en porcentajes diferentes en tres plazos, dos del 40% y un último del 20% (octubre de 2023, enero de 2024 y 1 de julio de ese mismo año). En total, Hacienda estima en 46,7 millones de euros el desembolso que tendrá que hacer por este aumento salarial de la carrera judicial y fiscal. Para los LAJ, se destinarán unos 22 millones de euros.   VALORACIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA APM       De este modo, el Comité Permanente de la APM da por concluido este proceso negociador con el Ministerio de Justicia, y al que califica de "capitulación de otros", en referencia a las otras cinco asociaciones de fiscales y jueces que han firmado el acuerdo, y respecto a las que considera que "siempre hemos creído que hacíamos juntos" dicho proceso.     La Asociación Profesional de la Magistratura representa al 45% de los jueces y magistrados asociados y al 25% del total de la carrera en España. En las provincias de Andalucía Oriental (Málaga, Granada, Jaén y Almería) el número de sus asociados alcanza los 178. En España ejercen unos 5.600 jueces y 2.700 representantes del Ministerio Público.   En un comunicado de 11 hojas a sus miembros, el Comité Permanente de la APM explica las razones que impiden a la asociación firmar este acuerdo.  "Después de 20 años esperando la convocatoria de la mesa de retribuciones, la mera convocatoria no puede satisfacernos; la raquítica subida del 6,5% nos parece indignante, humillante y un insulto. No somos nosotros los que aceptamos el día 23 de mayo lo mismo que se nos ofreció el 8 de mayo; hubiera sido muy fácil ahorrarnos todos estos 15 días de reuniones y de trabajo", dice.    Respecto a la subida que el Ministerio de Justicia acordó el pasado 28 de marzo con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), la APM se considera discriminada por el trato económico ahora pactado, y lo compara con el de las tres asociaciones profesionales de antiguos secretarios judiciales, que alcanzaron incrementos de entre 430 y 450 euros brutos al mes para los 4.379 LAJ de toda España (unos 157 en Málaga).    "No somos nosotros tampoco los que asumimos la misma subida que los LAJ, porque si la subida es idéntica en la cuantía, en definitiva, nuestra subida lineal es inferior a la suya y ello nos sitúa en una situación económica peor, por no hablar de otro tipo de consecuencias que todos adivinamos. No podemos firmar un acuerdo porque nos sintamos obligados o presionados a hacerlo", dice el comunicado de los jueces de tendencia conservadora.      Para la APM, defender la independencia de los jueces y magistrados españoles "supone también atender y reclamar su independencia económica".    REUNIÓN EN UN PLAZO DE TRES MESES   En el acuerdo que firman las otras asociaciones judiciales y fiscales con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda y Función Pública se asume el compromiso de dotar a la mesa de continuidad y se señala que en el seno de la Comisión y en el plazo máximo de 3 meses, se constituirán grupos de trabajo permanentes para los fines de la Ley 15/2003, que se reunirán, al menos, con carácter trimestral.    Esta Comisión se volverá a convocar en mayo de 2024, y con carácter anual, con el objeto de valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, así como los trabajos desarrollados por los distintos grupos.    La Asociación Profesional de la Magistratura asegura que pese a estas discrepancias "como siempre ha hecho, acudirá a estas reuniones con lealtad institucional, con actitud constructiva pensando siempre en la mejora de las condiciones profesionales de quienes integramos la Carrera Judicial".    Este colectivo de jueces recuerda que solo cuando el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda y Función Pública han tenido sobre la mesa el anuncio de una huelga indefinida se ha producido la negociación a la que obliga una ley del 2003 y su revisión salarial cada cinco años.   "Nos cuesta creer que quien ha incumplido el mandato legal de forma reiterada vaya a asumir ahora el compromiso de reunirnos en el mes de septiembre", concluye la APM, que recuerda que "no sabemos hasta qué punto puede comprometer este equipo ministerial las actuaciones de mayo de 2024", para cuando ya habrá nuevo Gobierno y responsables diferentes de Justicia y Hacienda.