El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fijado para el próximo 12 de febrero la vista de apelación en la que se verán los recursos presentados contra la sentencia del caso del asesinato de Lucía Garrido, hallada muerta en la piscina de su finca en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.

El recurso se celebrará en la Sala Penal del alto tribunal y para el mismo se han citado a las partes personadas incluido los acusados, según han informado a Efe fuentes judiciales.

En la vista se verá, por un lado, el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Málaga y, por otro, el presentado por la familia de la víctima.

La Fiscalía de Málaga presentó un recurso ante el TSJA pidiendo la nulidad del juicio popular, celebrado el pasado septiembre, y en el que quedaron absueltos los cuatro acusados, el exmarido de Lucía Garrido, dos guardias civiles y un cuarto hombre que había sido enjuiciado como presunto autor material del crimen.

El fiscal ha solicitado que se anule el veredicto y la sentencia y que se repita el juicio porque se ha producido indefensión por la denegación de una prueba sobre la cadena de custodia de las muestras recogidas en el caso y será ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien resuelva el recurso.

La familia de Lucía Garrido también presentó un recurso y denunció que este procedimiento ni debía haberse juzgado por la Ley de Jurado por su complejidad.

El jurado, formado por siete mujeres y dos hombres, los consideró no culpables al no dar fiabilidad a la declaración grabada del testigo protegido y por las dudas sobre el ADN hallado en una llave.

Este caso había sido archivado en el 2008 por falta de pruebas y reabierto en varias ocasiones durante los once años transcurridos desde que se encontró a Lucía Garrido muerta con golpes en la cabeza y un corte en el cuello.

La Fiscalía de Málaga pidió en sus conclusiones finales veinticinco años de cárcel para el exmarido de Garrido por el delito de asesinato y 23 años y medio de prisión para el acusado que estaba considerado presunto autor material del crimen y para uno de los guardias civiles como cómplice.

El ministerio público siempre ha mantenido que el crimen fue "premeditado y cobarde" y que los supuestos implicados convirtieron el lugar del asesinato en "una ratonera" para que la víctima no tuviese escapatoria.