La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha nombrado al juez Pablo Llarena como ponente de la querella que ha presentado el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Marbella contra la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por los presuntos de delitos de prevaricación, falsedad continuada y fraude.

Así lo ha anunciado hoy el concejal socialista y exalcalde de Marbella José Bernal, que ha facilitado a los medios la providencia en la que el Alto Tribunal toma esta decisión y en la que también solicita que se acredite la condición de aforada de la regidora, que es senadora.

Bernal ha explicado que, después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella lleve dos años investigando las presuntas irregularidades cometidas en 2009 durante la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), su partido ha decido "acudir directamente al Tribunal Supremo".

La querella, presentada el pasado 3 de septiembre y que ha dado ya este primer paso, ha sido elaborada por el abogado José Mariano Benítez de Lugo, que fue quien sentó en el banquillo al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por la trama Gürtel.

El escrito, según ha explicado el edil socialista, se basa principalmente en las opiniones del Fiscal de Área de Marbella, que lleva investigando desde 2016 las citadas irregularidades y que "considera que cada vez existen más indicios contra Ángeles Muñoz", por lo que ha pedido ya dos veces sin éxito al juez instructor en Marbella que remita el caso al Tribunal Supremo.

Los socialistas destacan que durante la sesión plenaria del 29 de julio de 2009 se introdujeron "a última hora y sin conocimiento de los concejales" cambios en 22 de los 71 planos del PGOU de Marbella, entre ellos el de las lindes con Benahavís.

"El comportamiento de la alcaldesa ese día fue muy interesado y doloso, ya que el cambio de planos la favorecía económicamente de forma muy importante", ha explicado José Bernal, recordando que tanto ella como sus familiares tienen intereses urbanísticos en la zona limítrofe entre ambos municipios.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella archivó el caso en agosto de 2017 y, tras ordenar su reapertura la Audiencia Provincial el 15 de marzo de 2018, lo cerró por segunda vez el pasado 3 de septiembre, en ambas ocasiones en contra del criterio del fiscal.

La causa, aún pendiente de que se resuelvan los recursos contra el segundo sobreseimiento, llega ahora al Tribunal Supremo de forma directa a través de esta querella.