El Defensor del Ciudadano, Francisco Reinoso, mediará en el problema que sufre Dolores García, una vecina de Jerez que perdió a su marido en octubre de 2005 en un accidente laboral en Gibraltar después de que se precipitara de un andamio. Desde ese fatídico día, su viuda ha visto cómo todo han sido dificultades por parte de la burocracia inglesa y de las entidades bancarias, primero, para obtener el certificado de defunción de su marido y, luego, para cancelar un préstamo personal.

Finalmente, el primer documento, uno de los requisitos exigidos por el banco para cancelar un préstamo personal de 18.000 euros, no lo recibiría hasta tres años y medio después, y ahora se encuentra con más problemas, puesto que pese a haber firmado en su día un seguro de cancelación por el que pagó casi 1.000 euros, el banco le exige ahora, además de la autopsia de su marido, un informe toxicológico.

Lo peor de todo es que Dolores apenas cuenta con una pensión que no llega a los 700 euros, y tiene que pagar hipoteca, mantener a sus hijos, que están parados, y pagar casi 350 euros del préstamo personal. En este sentido, Reinoso, que está de acuerdo con que con presentar el informe de la autopsia “es suficiente, dado que esta persona falleció en un accidente laboral y si no estaba drogado no tiene que haber ningún informe toxicológico”.
No obstante, pese a ofrecerse a recibir a esta ciudadana para “orientarle” de los pasos que debe dar, Reinoso aclaró que en este caso concreto el Ayuntamiento “no tiene competencias” al tratarse de un conflicto que deben solucionar la aseguradora que esté solicitando esta documentación al banco en cuestión. Sin embargo, apostó por la posibilidad de recurrir a la figura del Defensor de los Clientes de los bancos, una figura que está prácticamente extendida a todas las entidades bancarias y que puede servir de ayuda antes que i