Cinco meses con los juzgados de Málaga y de Andalucía paralizados o ralentí en su trabajo. Miles de juicios y declaraciones suspendidas y otras tantas programadas en las últimas semanas para más de dos años vista. Muchas de las "cuentas de consignaciones están paralizadas", y comienzan los señalamientos a ser fijados para "fechas tan irrazonables como el año 2027".   Honorarios y costas de los profesionales del derecho sin poder pasar a sus clientes, porque los procedimientos no han concluido. Bufetes jurídicos en los que no entran los ingresos previstos de las minutas para hacer frente a los gastos mensuales de mantenimiento y personal en cada despacho.    Retrasos en el pago de pensiones, al no haberse dictado muchas sentencias o resoluciones judiciales, reconocimientos de deudas de proveedores, o demoras en las indemnizaciones por despidos y de accidentes de tráfico son algunos de los efectos que los operadores jurídicos dicen estar sufriendo desde comienzos de año, como consecuencia de los paros del personal de la administración de Justicia que trabaja en la provincia de Málaga.    Primero fueron los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), durante 45 días desde finales de enero, y ahora la huelga de los funcionarios (45.000 en toda España, y 1.930 en Málaga) desde el pasado 17 de abril.   Este fuerte malestar ha llevado a que los abogados malagueños, procuradores de los tribunales, administradores de fincas y miembros de asociaciones de consumidores de la ciudad salieran este miércoles a la calle, vestidos de toga, en muchos casos, para protestar a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga por la situación que sufre este servicio público.    Una convocatoria simultánea que se realizó a las 12 del mediodía para 83 colegios profesionales de toda España, y que concluyó con la lectura de un manifiesto común.   "La actual situación del servicio público de justicia es insostenible. Lleva paralizado casi cinco meses sin visos de solución. Las recientes y sucesivas convocatorias de huelgas se suman a un déficit histórico y estructural que arrastra la justicia desde hace muchas décadas", se señala en el Manifiesto, en el que se aboga por un Gran Pacto por la Justicia en España Los operadores jurídicos aseguran que "se siguen suspendiendo continuamente miles de vistas, habitualmente sin previo aviso", y que miles de notificaciones quedan sin tramitar, lo que, a su juicio, cuestiona a diario el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y está "causando inseguridad y desconfianza en la ciudadanía" por el anormal funcionamiento del Estado de Derecho.

RECLAMACIONES LEGÍTIMAS DEL PERSONAL

Sin entrar en la legitimidad de las demandas salariales de los letrados judiciales y funcionarios, los profesionales del derecho de Málaga reclaman que se establezcan "mecanismos de resolución de conflictos" que eviten estos efectos en los juzgados y tribunales de cada provincia.  

"Es desolador que tengamos que concentrarnos para recordar que la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, así como de los profesionales que defienden sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco pueden trabajar", se dijo durante la lectura del Manifiesto.

Las jurisdicciones más afectadas son la laboral y la civil. En este último ámbito, "hay asuntos que se suspendieron durante la pandemia, y se volvieron a señalar, pero ahora se siguen aplazando. Ya no sabemos qué decir a nuestros clientes. Y encima hay miles de demandas sin turnar", describe un abogado malagueño perjudicado.

En la provincia de Málaga, desde Estepona y hasta Torrox, ejercen unos 400 procuradores de los tribunales, más de 6.000 abogados colegiados (de ellos 5.300 son letrados ejercientes), y más de una treintena de administradores de fincas de comunidades de propietarios.