No hubo prevaricación en el concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar al Grupo México Minorbis, no hay indicios de delito en las reuniones previas entre responsables de las empresas ofertantes y la Junta, y la vía para dilucidar las supuestas irregularidades denunciadas por Emerita es la jurisdicción contencioso administrativa. Así de contundente ha sido la jueza de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, al archivar la causa por la adjudicación de la mina, auto acogido con satisfacción por la Junta, que espera que las acusaciones irresponsables “no salgan gratis” aunque aún no ha aclarado si restituirán a María José Asensio, apartada del cargo tras su imputación en la causa.

Se intuía el archivo de la causa tras la reanudación del proceso de adjudicación de Aznalcóllar el viernes pasado por parte de la Junta, que se ha defendido asegurando que no fue una decisión “precipitado”. De hecho, el auto está fechado ese mismo viernes, aunque no se haya hecho público hasta este lunes.

El auto, de una gran contundencia, rechaza que la vía penal sea la “adecuada” para dilucidar los requisitos de uno u otro ofertante o discernir si cumplían de forma escrupulosa la solvencia o capacidad del licitador, concluyendo que no aprecia el delito de prevaricación al que se había reducido la causa.

Además, concluye que “el procedimiento observado ha sido el correcto teniendo en cuenta además que con carácter previo había sido una normativa específica aprobada ad hoc la que regía en este concurso”. También descarta que hubiera intención dolosa o conocimiento de ilegalidad.

“No puede afirmarse la concurrencia de los requisitos descritos como propios de la prevaricación en el procedimiento y trámites del concurso”, señala el auto, que además deja claro que tampoco “se han apreciado indicios de delito” en las reuniones previas entre las distintas ofertantes y la Dirección General de Minas, extremo que todos los acusados y testigos han reconocido como una “práctica habitual” en minería, más aún cuando no se ha podido poner de manifiesto “cual fuera el móvil de dicha actuación”.

Tras exponer que es la mesa la que delimita si se cumplen los requisitos del concurso, la magistrada concluye que “no puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección  de las ofertas presentadas”.

Satisfechos y en espera

La resolución de la jueza ha llenado de satisfacción a la Junta, especialmente al consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, que ha asegurado que la intención es reactivar el procedimiento cuanto antes y ha confiado en que el nuevo anuncio de recurso realizado por Emerita no paralice de nuevo el proceso.

Sánchez Maldonado ha criticado duramente las acusaciones “totalmente irresponsables” vertidas contra personas físicas y contra instituciones, ha reconocido que estudiarán el auto por si pudieran pedir responsabilidades penales y ha asegurado que lo que espera es que “no salgan gratis”.

Lo que no ha aclarado es si la Junta restituirá a María José Asenjo como directora general de Minas, recordando que su ceses fue “temporal” y que siempre han manifestado su “total confianza” en sus actuaciones y en la de los funcionarios implicados.

Ha recordado que desde el principio calificó de “inmaculado” el proceso de adjudicación de la explotación de la mina, algo que “refrenda” el auto judicial “en varias ocasiones”, según ha destacado Sánchez Maldonado.

“Este auto sirve también para renovar la confianza de todos los actores sociales en la Junta como institución ejemplar y transparente”, ha interpretado Maldonado, que al mismo tiempo se ha mostrado seguro de que va a servir para “restablecer la confianza” de los inversores hacia Andalucía tras demostrarse que “se actuó con transparencia”.