La Junta de Andalucía restituyó ayer en su puesto a María José Asensio, la directora general de Industria, Energía y Minas apartada de forma fulminante a principios de agosto del cargo tras ser imputada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla por un supuesto delito de prevaricación en la concesión de la explotación de la mina de Aznalcóllar. Archivado el caso el lunes en la vía penal al considerar la jueza que el proceso respetó la legalidad, Asensio recuperaba sus funciones con la misma celeridad con la que fue desposeída de ellas, ya sin la sospecha de que pudiera haber actuado a favor de que Minorbis-Grupo México se hiciera con el contrato y en contra de Emerita Resources, la perdedora del concurso e instigadora de la causa.
El Consejo de Gobierno recuperaba así a la directora de Minas -a la que durante este tiempo no buscó sustituto- apenas 24 horas después de la resolución judicial y no quiso dejar pasar la oportunidad para saldar cuentas pendientes. El Ejecutivo no olvida que el caso llegó a bloquear la investidura de Susana Díaz y que le ha granjeado durante los últimos meses duras acusaciones de corrupción desde la oposición, con especial virulencia desde el PP e incluso desde Ciudadanos, pese a que luego avalaría el acceso de Díaz a la presidencia. Por eso el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, elevó el tono tras el Consejo de Gobierno para celebrar que se “hace justicia” y que se confirma el “respeto a la escrupulosa legalidad” en todo el proceso de adjudicación y, por encima de ello, para reafimar la “plena confianza” en Asensio pese a haber prescindido de ella forzados por el compromiso de apartar a cualquier imputado.
Hechas las aclaraciones, Vázquez anunció que los servicios jurídicos de la Junta analizarán ahora si se pueden exigir, por vía judicial, responsabilidades a quienes han vertido “difamaciones infames” y han puesto “en riesgo” inversiones “importantísimas”. Entre los destinatarios el PP, al que el portavoz cree que “han dado un soberano repaso” y al que recomienda “tomar nota” y “comerse sus palabras”. Asensio lamentó en la cadena Ser “la paliza mediática” recibida.
Un pueblo de fiesta y un alcalde con 1.700 WhatsApp
Si había alguien feliz ayer ése era el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, de Izquierda Unida, que durante los últimos meses ha vivido la incertidumbre de ver cómo la Junta, tras el inicio de la investigación judicial, decidía la suspensión cautelar de la explotación y dejaba en el aire una inversión millonaria y, sobre todo, miles de contrataciones en una comarca azotada como tantas por el desempleo.
El máximo responsable del Ayuntamiento reconocía a Europa Press que en sólo 24 horas se habían colado en su teléfono móvil más de 1.700 WhatsApp, la inmensa mayoría de ellos de vecinos del municipio que celebraban el fin de la pesadilla y le pedían información sobre cómo optar ahora a alguno de los puestos que promoverá un proyecto que resucita la actividad paralizada desde el trágico desastre ecológico de Boliden. Fernández calificó de “revolución” la difusión del archivo del caso. “Estamos deseando que llegue ya la empresa, se instale y comience a pedir los currículum”, confesaba el alcalde, que asume que el pueblo deberá crecer en viviendas y servicios para adaptarse al nuevo reto.
La oposición acata, pero aún alberga dudas...
La oposición parlamentaria acepta la decisión judicial pero no ve tan clara la adjudicación del contrato. Podemos denunció ayer que “sigue habiendo sospechas e irregularidades” e IU alertó de que “una chapuza, por legal que sea, sigue siendo chapuza”. El PP lamenta que se cierre el caso sin que Susana Díaz dé explicaciones y el PSOE cree que todo fue “un montaje” para torpedear la investidura.
