El Gobierno y las Comunidades Autónomas aprobaron ayer el plan de reducción del déficit para alcanzar el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2013, si bien las autonomías gobernadas por el PP se han abstenido a pesar de haberse mostrado de acuerdo con los objetivos de estabilidad.

Así lo manifestó en rueda de prensa la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que también se aprobó, con el voto en contra del PP, la creación de un grupo de trabajo para diseñar propuestas de reducción del gasto.

Salgado explicó que durante la reunión, las comunidades del PP, “sin excepción”, se han manifestado “completamente de acuerdo” con la senda de reducción del déficit, por lo que “no se entiende muy bien –dijo– su abstención”, que representa la “incoherencia” de la que ese partido ha dado ejemplos en el pasado.

En cualquier caso, el CPFF ha dado su visto bueno al Programa de Estabilidad y Crecimiento enviado ya a Bruselas y que prevé reducir el déficit al 3% del PIB en 2013 en el conjunto de las administraciones públicas (1,1% en el caso de las Comunidades Autónomas).

Además de la reducción del déficit, los objetivos del plan de austeridad acordado son la contención del gasto y la mejora de su eficiencia; el mantenimiento a medio plazo de los niveles de deuda establecidos en el Pacto de Estabilidad; y la mejora de la información y transparencia en materia de plazos de pago y de gastos pendientes de aplicación presupuestaria.

Para alcanzar esos objetivos, dijo Salgado, se aplicará una política de contención de los gastos de personal “a través de una senda de austeridad en el incremento de las retribuciones”, de la reducción de las ofertas públicas de empleo y de una política de racionalización de los recursos humanos al servicio de la administración. Todas estas actuaciones, recalcó la ministra, sólo se llevarán a cabo “a través del diálogo social”.

Un compromiso que, según Economía, se engarza con el contenido del plan de austeridad del Gobierno que establece una reducción de los gastos de personal de un 4% entre 2010 y 2013.

Para desarrollar todos esos objetivos, las comunidades se han comprometido a elaborar, en un plazo de tres meses, planes de racionalización del gasto.

Con ese fin, el CPFF ha aprobado, con el voto en contra del PP, la creación de un grupo de trabajo que se encargará de hacer propuestas para la reducción del gasto y cuyas conclusiones deberán estar listas el 10 de junio para que las comunidades puedan incorporar las medidas que se acuerden en sus presupuestos para 2011.

Asimismo, el Consejo ha aprobado los planes económico-financieros de reequilibrio de nueve comunidades: Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura y Aragón.

Unos planes de reequilibrio a los que se sumarán los de Navarra y País Vasco, que se aprobarán en breve en sendas comisiones mixtas y que suponen en conjunto un ajuste de 1.975 millones de euros.

Los acuerdos de no disponibilidad del resto de las autonomías se aprobarán después de Semana Santa, según Salgado, quien recordó que estos ajustes se suman al esfuerzo que ya han hecho las comunidades a la hora de diseñar sus presupuestos de 2010, que se han reducido en 5.047 millones respecto a 2009.

El Ministerio de Economía hará un seguimiento de los planes de reequilibrio aprobados por las comunidades autónomas, que trimestralmente deberán facilitar información sobre sus operaciones de endeudamiento.