El Gobierno de Japón señaló hoy que está investigando el caso de un centro de discapacitados intelectuales del país que presionó a sus residentes que deseaban casarse entre ellos para que se sometieran a una esterilización.

La residencia, ubicada en Hokkaido (norte del país), ha admitido que durante al menos dos décadas solicitó a sus inquilinos esa condición para poder casarse y seguir viviendo en sus instalaciones, con el argumento de que no podría hacerse cargo de eventuales hijos fruto de los enlaces.

Aquellos residentes discapacitados que decidieran casarse sin pasar por el tratamiento de vasectomía en el caso de los hombres o de anillo anticonceptivo en el caso de las mujeres debían abandonar el centro y dejar de recibir asistencia del mismo.

El responsable de la empresa gestora del centro, Hidetoshi Higuchi, explicó que la residencia aplicaba esas medidas porque "no podía ofrecer asistencia a los recién nacidos", en declaraciones a la agencia local Kyodo.

La compañía operadora, Asunaro Social Welfare Service Corporation, detalló que ocho parejas accedieron a esterilizarse bajo esa política durante las dos últimas décadas.

El portavoz del Ejecutivo nipón, Hirokazu Matsuno, dijo este lunes en rueda de prensa que las autoridades están "recabando información" sobre el caso de las esterilizaciones en el centro que, de confirmarse, serían "inadecuadas" y podrían dar lugar a "medidas" en colaboración con las autoridades regionales.

El caso podría suponer una vulneración de los derechos reproductivos en un país donde se trata además de un asunto sensible, debido a que el Gobierno tuvo en marcha hasta 1993 un programa de esterilizaciones forzosas que afectó a miles de personas.

Entre 1948 y ese año cerca de 20.000 personas fueron esterilizadas en Japón, unas 16.500 de ellas sin consentimiento previo, en un programa llevado a cabo bajo la ley de eugenesia que estuvo vigente hasta 1996, por el que el Gobierno nipón se llegó a disculpar públicamente y que en decenas de casos ha llegado hasta los tribunales.