El Tribunal Supremo citó ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para tomarle declaración como imputado el próximo 15 de abril en relación con la querella que se tramita contra él por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

El magistrado instructor de esta causa, Manuel Marchena, ha dictado una providencia en la que también cita para el 21 de abril como testigos a una funcionaria del Juzgado de Garzón que le acompañó a Nueva York y al ex director y a la subdirectora del Centro Rey Juan Carlos I en el que impartió sus cursos, Laura Turégano y James D. Fernández, respectivamente.

Según han informado fuentes del Alto Tribunal, estos tres últimos son testigos propuestos por la acusación, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea.

Mazón y Panea relacionan en su querella por prevaricación y cohecho contra Garzón la percepción de 302.000 dólares entre 2005 y 2006 por parte del juez con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Santander, entre ellos su presidente, Emilio Botón, en el proceso penal por las “cesiones de crédito”.

El TS admitió a trámite esta querella el pasado 28 de enero y casi un mes después rechazó el recurso que el juez de la Audiencia Nacional había interpuesto contra esta decisión.

A principios de este mes, la defensa de Garzón remitió al Supremo una certificación de la Universidad en la que se afirma que fue el Centro Rey Juan Carlos I el que pidió y recibió financiación del Banco Santander para los cursos en los que participó Garzón y se añade que “ninguno de estos gastos tomaron la forma de compensación directa o indirecta, en dinero o especie, al juez o a su familia”.

La certificación también explica que los términos de la remuneración que recibió Garzón durante su titularidad de la cátedra Rey Juan Carlos I de España no guardan relación alguna con los patrocinios del Banco Santander.

“Esos términos se habían acordado antes de la existencia de los patrocinios, y no hubo ningún cambio ni en la cantidad ni en el carácter de su compensación tras la concesión de los mismos”, concluye la misiva, fechada el pasado 15 de febrero y firmada por el ex director del centro James D. Fernández, y por su actual responsable, Jo Labanyi.

Por su parte, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea han acusado a este centro docente de mentir y el pasado 17 de marzo reclamaron al Supremo que Cepsa informe sobre si hizo algún donativo al citado centro docente.