El Gobierno y sus ministros defendieron ayer la “plena legitimidad y legalidad” de la decisión de colaborar en la operación internacional para proteger a la población libia, y ha rechazado cualquier tipo de comparación con la intervención que en su día hubo en Irak.

“España no podía permanecer de brazos cruzados” ante la resolución aprobada por Naciones Unidas en relación con Libia, han subrayado fuentes del Gobierno para explicar que España haya ofrecido aviones y barcos, así como el uso de las bases de Rota y Morón.

Para el Ejecutivo, contar con el aval de la ONU ha sido en todo momento una condición indispensable para la intervención en Libia, han explicado las fuentes.

También la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha subrayado que la acción aliada cuenta con una
gran “legitimidad internacional” para lanzar un mensaje claro y potente a Gadafi “para que deje de utilizar la violencia contra su población”.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, miega que exista ningún paralelismo entre la intervención en Libia y la invasión de Irak, y asegura que las diferencias entre ambos casos son “enormes”.