La vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, mantiene que el juez de lo Penal número 1 de Sevilla Rafael Tirado incumplió una de sus obligaciones fundamentales, “hacer ejecutar lo juzgado” en la condena por abusos dictada contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, que propició que éste se encontrara en la calle cuando se produjo el crimen.

En una entrevista publicada en el diario El País y recogida por Europa Press, Bravo explica que como vocal del CGPJ votó a favor de la consideración de la falta como muy grave –lo que también proponía el ponente Félix Azón– al entender que el juez “no cumplió una obligación fundamental, que la Constitución establece en su artículo 117, que es hacer ejecutar lo juzgado”.

Al respecto, mantiene que pese a la firmeza de la sentencia contra Del Valle, la ejecutoria estuvo paralizada más de dos años por lo que Tirado “omitió una obligación legal, inexcusable e ineludible, de acordar el ingreso en prisión”. En contra del voto de Bravo y de otros seis vocales, el CGPJ confirmó el pasado martes la calificación de falta grave y la imposición de multa de 1.500 euros, al apreciar un “retraso injustificado” en el ejercicio de sus funciones. Esta decisión será revisada por el Tribunal Supremo.

Tras la decisión del CGPJ, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció reformas para que la situación no vuelva a repetirse. Sin embargo, Bravo mantiene que los cambios legales deben anunciarse “en climas de sosiego, tranquilidad y reflexión, para no dar la imagen de que en este país siempre se legisla a golpe mediático”. “Anunciar una preforma en materia disciplinaria al tiempo que se airea la total discrepancia con la resolución adoptada (...) no es oportuno y puede confundir al ciudadano”, añadió.

Con respecto a la comparecencia del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, en el Congreso de los Diputados para informar sobre este asunto, tal y como respaldó el propio Zapatero, Bravo subrayó que la resolución del órgano de gobierno de los jueces no es firme sino que va a ser revisada por el Supremo, órgano que éste también presido, lo que conlleva que “no pueda dar muchas explicaciones sobre la resolución adoptada”.

Además, hizo referencia a la “obsoleta” situación de la administración de Justicia y aseveró que existe “una justicia de primera y otra de segunda” si se comparan los juzgados de capitales de provincia y los mixtos cuyas sedes están en los pueblos. En estos últimos, la “carencia de medios personales y materiales y las condiciones de trabajo, a veces hasta de insalubridad, son especialmente alarmantes”, indicó.