La puesta en libertad de Astrit Bushi, el presunto líder de la banda que asaltó la casa del empresario teatral José Luis Moreno, ha desatado un cruce de acusaciones entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y las Fuerzas de Seguridad, que se culpan mutuamente del error que posibilitó lo sucedido. 

El Tribunal Superior de Madrid ha sido el primero en cerrar su investigación sobre el suceso –también la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y el Consejo General del Poder Judicial han abierto diligencias para esclarecer los hechos– al descartar “cualquier responsabilidad disciplinaria” del juez de Alcobendas (Madrid) que el pasado 31 de marzo tomó declaración a Bushi. 

“Su salida irregular de los Juzgados de la localidad de Alcobendas no es imputable al juez que le tomó declaración y decretó su libertad por una causa diferente al asalto y agresión a José Luis Moreno”, señaló ayer el TSJM. 

Además, el presidente de este órgano, Francisco Javier Vieira, compareció ante los medios de comunicación para anunciar que, una vez comprobado que el juez actuó correctamente, pondrá los hechos en conocimiento de los Juzgados de Alcobendas para que estudien la posible imputación de los policías que dejaron en libertad a Bushi por un delito de infidelidad en la custodia de presos. 

Este anuncio soliviantó a los sindicatos policiales, y en especial al Sindicato Unificado de Policía (SUP), que representa a los agentes implicados en el caso y que ha defendido su actuación en un comunicado titulado Miente o no se entera, en referencia a las declaraciones de Vieira.

Un segundo miembro de la banda que supuestamente asaltó la vivienda del empresario teatral José Luis Moreno en el mes de diciembre del año 2007 fue excarcelado por error el pasado día 18 de marzo, aunque fue detenido pocos días después e ingresado de nuevo en el centro penitenciario. 

Así lo han confirmado a la agencia de noticias Efe fuentes penitenciarias, que han señalado también que en la citada fecha llegó a la prisión de Madrid VII (Estremera) un mandamiento de libertad para Alejandro Fred Deda desde un Juzgado de Valdemoro que instruía una causa contra él por un delito de atentado a la autoridad.