La Primera Conferencia de los Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas, que se celebra del 24 al 27 de agosto en Cancún (México), constituye "la primera gran prueba de fuego" para ese instrumento y una oportunidad para hacer historia, afirmó hoy Amnistía Internacional (AI).
La organización subrayó en un comunicado que el Tratado fue creado para controlar las transferencias internacionales de armamento escasamente reguladas, que fomentan la comisión de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos.
Indicó que a la cita asistirán delegados de decenas de Estados, incluidos varios que no han firmado o no han ratificado el convenio desde su adopción en 2013 por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
AI, que hizo campaña junto con otras organizaciones no gubernamentales (ONG) durante más de dos decenios para hacer realidad el Tratado, también asistirá.
"Cancún constituye la primera gran prueba de fuego para el Tratado sobre el Comercio de Armas, y una gran ocasión para que los Estados hagan historia persiguiendo las metas del Tratado dirigidas a salvar vidas", afirmó Marek Marczynski, director de Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de AI, citado en el comunicado.
Añadió que Amnistía quiere asegurarse de que en las conversaciones "los Estados no se enzarcen en aspectos burocráticos ni pierdan de vista los principios rectores del Tratado, enfocados a una regulación efectiva y transparente que ponga fin al sufrimiento humano causado por la circulación irresponsable de armamento convencional".
Durante la Conferencia, AI presionará en tres áreas principales, la primera de las cuales es la relativa a la transparencia en todos los aspectos del Tratado, incluida la presentación de informes completos de los Estados sobre la medida y el alcance de sus importaciones y exportaciones de armas.
En segundo lugar, abogará por una participación significativa de las ONG en todos los procesos y reuniones relativas al Tratado y, en tercero, por la adopción de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del convenio por parte de los Estados.
Con ello busca evitar que se transfieran armas cuando exista el riesgo de que se destinen a cometer violaciones graves al derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y otras violaciones graves a los derechos humanos.
La organización defensora de los derechos humanos deploró que algunos Estados intentan restar protagonismo a la sociedad civil, restringiendo considerablemente su participación en futuras conferencias y tomando cada vez más decisiones importantes a puerta cerrada.
Asimismo, consideró alarmante que los Estados hayan intentado reducir a la mínima expresión los requisitos del Tratado sobre presentación de informes.
De acuerdo con AI, eso significa que los Estados podrían estar obligados sólo a informar del valor económico anual de las transferencias, sin aportar datos fundamentales sobre el número de artículos y una contabilidad de cada categoría de armas pequeñas y ligeras.
También serían secretos los detalles sobre el destino y uso final de las armas, "que es información crucial para impedir que se desvíen armas a mercados ilegales y a usuarios finales no autorizados".
"Dejar a la sociedad civil fuera de algunos de los debates más importantes y no hacer públicos informes anuales sobre importaciones y exportaciones de armas hará que se siga 'actuando como siempre', es decir que las transferencias de armas se mantengan en secreto, en detrimento del propósito del Tratado. No se debe permitir que ocurra", declaró Marczynski.
Aseguró que se ha logrado mucho gracias al esfuerzo de la sociedad civil y de los Estados para conseguir normas globales jurídicamente vinculantes sobre las transferencias internacionales de armas.
"Nuestro afán es seguir desempeñando un papel constructivo ahora que nos adentramos en la fase de aplicación. Los Estados deben adoptar requisitos exhaustivos y transparentes sobre presentación de informes que permitan tener una visión completa del comercio global de armas", acotó.
El 2 de abril de 2013, un total de 130 Estados votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de adoptar el Tratado sobre el Comercio de Armas, que cobró fuerza de derecho internacional vinculante el 24 de diciembre de 2014 para todos los Estados Partes.
Cinco de los 10 principales exportadores de armas -Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido- están entre los 72 Estados que ya ratificaron el instrumento.
Estados Unidos, por mucho el mayor productor y exportador de armas, está entre los 58 Estados que lo firmaron pero aún no lo han ratificado. Otros grandes productores de armas, como China, Canadá y Rusia, se han negado a firmar y ratificar el convenio.
Aunque las transferencias internacionales de armas se mantienen en secreto, se calcula que el valor del comercio mundial asciende a 100.000 millones de dólares anuales, indicó AI.