Un total de 35 cargos de la Generalitat que autorizaron contratos entre la Administración y Orange Market o formaron parte de las mesas de contratación testificaron ayer ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que instruye en Valencia el caso Gürtel. 

Las comparecencias han tenido lugar cuando se cumplen cien días de la apertura de la investigación por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y en la que están involucradas decenas de empresas, entre ellas Orange Market, adjudicataria de varios contratos con la Administración valenciana. 

Los testigos, que fueron llegando de forma escalonada al Palacio de Justicia, prestaron declaración ante el magistrado José Flors a partir de las 10.00 horas y por un periodo aproximado de cinco minutos cada uno. 

Entre los testigos que acudieron ayer a declarar se encuentra el vicesecretario de Organización del PPCV, diputado en Les Corts y ex secretario autonómico de Deportes, David Serra; la secretaria autonómica de Política Institucional y ex subsecretaria de Turismo, Isabel Villalonga; la secretaria autonómica de Deportes, Niurka Montalvo; y la directora de la Sociedad Gestora de la Imagen de la Comunitat, Arancha Vallés. 

Todos ellos se mostraron parcos en palabras al salir de su declaración y se limitaron a manifestar a los periodistas que “todo ha ido muy bien” y que se encuentran “tranquilos” tras testificar ante el juez. 

Los citados ayer respondieron ante el juez sobre la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market, propiedad de Francisco Correa y su socio Álvaro Pérez, ambos imputados y sólo el primero encarcelado desde febrero por estos hechos, para tratar de esclarecer si dichas contrataciones se hicieron de modo legal, mediante concurso público, o no. 

Los testigos, funcionarios y medios y altos cargos de diferentes consellerias, no quisieron revelar las preguntas que les habían efectuado. 

Algunos de ellos trabajaron en la Conselleria de Turismo, que adjudicó a Orange Market, una de las empresas investigadas, el montaje del pabellón de la Comunitat en cuatro ediciones de Fitur. 

La cita ha suscitado menos expectación de los medios de comunicación y de curiosos que las comparecencias de la semana anterior, en la que declaró el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como imputado por un supuesto delito de cohecho vinculado a la trama corrupta. 

También declararon entonces en calidad de imputados y por el mismo delito, el secretario general del PPCV y portavoz popular en Les Corts, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos; el ex jefe de gabinete de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. 

Además lo hicieron también, el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, y, como testigo, el ex encargado de las tiendas Milano y Forever Young, José Tomás, sin que el juez haya adoptado medida cautelar alguna sobre todos ellos. 

La inhibición de la investigación iniciada por Garzón en favor del tribunal valenciano, decisión aconsejada por la Fiscalía Anticorrupción, se debe a la condición de aforados –altos cargos de instituciones autonómicas– de dos de las personas investigadas, en este caso, Francisco Camps –presidente de la Generalitat– y Ricardo Costa –portavoz del grupo popular en Les Corts–. 

El magistrado del TSJCV instructor de la causa practicará hoy una prueba pericial contable de los contratos suscritos entre la Generalitat y Orange Market, tal y como acordó la semana pasada.