El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska sostiene que el plan de fuga de la organización terrorista ETA para sacar de la cárcel de Huelva al etarra Jorge García Sertutxa en 2007 se pospuso hasta 2008, cuando quedó frustrado tras la desarticulación del comando Vizcaya de la banda.

Así se desprende del auto dictado por Marlaska con el que ordena el ingreso en prisión de Sertutxa –al que imputa un delito de quebrantamiento de condena en grado de tentativa– y del abogado Iñako Goyoaga, así como la prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para la novia del primero, Ana Paz Cisnos, acusados ambos de colaborar con ETA.

Además, Marlaska ha dejado en libertad a Igor Solana Matarranz y Arkaitz Goikoetxea por esta causa, aunque actualmente ambos se encuentran presos en las cárceles de Picassent (Valencia) y Valdemoro (Madrid), respectivamente, y a Inge Urrutia, ex novia del etarra Asier Borrero, que está huido desde la caída del comando Vizcaya en julio de 2008.

En su auto, el juez explica que en el verano de 2007 ETA “tenía perfectamente elaborado” un plan de fuga para Sertutxa y un segundo preso etarra, que podría ser Solana Matarranz, en el que participarían dos comandos: uno de liberados (a sueldo de la banda), que sería el comando Vizcaya y estaría integrado por Goikoetxea y Jurdan Martitegui; y otro de legales (no fichados por la Policía), donde estaría Borrero.

La materialización de esta acción, subraya el juez, requeriría el secuestro previo de un helicóptero, la evasión y la posterior huida en vehículos, previsiblemente, vía Portugal.

Destaca Marlaska que la huida no pudo llevarse a cabo en 2007 porque Solana “a última hora se echa para atrás por motivos personales”, que, según el auto, serían que su pareja sentimental se quedó embarazada, por lo que quedó pospuesto para el verano de 2008.

Respecto a Goyoaga, el juez sostiene que “al día de hoy no se le han incautado documentos relacionados con el plan de fuga”, si bien destaca que en su bufete guardaba documentación relativa a una carta de extorsión de ETA a un empresario navarro, así como una carta manuscrita con datos de una persona no identificada que determinaría cómo actuar en un “hipotético atentado”.