Las negociaciones para cerrar el modelo de financiación autonómica se han acelerado en las últimas horas principalmente con Cataluña, clave para culminar un proceso criticado por el PP, que ha denunciado el “oscurantismo” del Gobierno en la renovación del sistema.

El Ejecutivo reconoció ayer “notables avances” en las negociaciones después de que el jueves las conversaciones entre la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y el conseller de Economía catalán, Antoni Castells, hicieran vislumbrar, por primera vez, la posibilidad de un acuerdo.

Las casillas de la cuadrícula del sudoku de la financiación van poco a poco rellenándose y parece que, tal y como ha asegurado el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo está “muy cerca”.

Zapatero y Montilla se pusieron el jueves al frente de la negociación y mantuvieron por la noche diversos contactos telefónicos.

La última oferta del Gobierno se cifra en más de 3.100 millones de euros a los tres años de entrar en vigor el nuevo modelo, incluyendo el coste de competencias singulares de Cataluña como la policía autonómica o la promoción de la lengua catalana.

Montilla insistió ayer en que todavía falta por cerrar algunos “flecos importantes” pero no ha podido negar que el acuerdo está en su “recta final”.

En la resolución de las casillas catalanas del sudoku también tendrá algo que decir ERC, cuya permanente se reunió ayer para valorar la situación, una vez celebrada la reunión entre el tripartito catalán y el conseller Castells.

Un encuentro que, según este último, ha ido “bien”, aunque los republicanos se muestran aún insatisfechos con la cifra que ofrece el Gobierno.

Por su parte, desde el Palacio de la Moncloa, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que “el acuerdo está al alcance de la mano” y aseguró que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se convocará la próxima semana, tal y como se había comprometido Zapatero.

El optimismo del Gobierno contrasta con las críticas que llegan desde la calle Génova y desde sus comunidades más poderosas.

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, acusó al Gobierno de “oscurantismo” y señaló que, a día de hoy, ninguna de las comunidades gobernadas por los populares conoce el modelo y únicamente tienen constancia de algunas cifras, pero no del montante global.

En la misma línea se manifestó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien manifestó que su comunidad no aceptará un modelo que, aunque reconozca el aumento de población, conceda 1.800 euros por cada madrileño en lugar de los 2.100 actuales.