El Gobierno español ha decidido utilizar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Batasuna para desplegar una ofensiva diplomática que acabe con los pocos apoyos políticos que le quedan a ETA y Batasuna en el extranjero.

En estos días, los embajadores españoles están recibiendo una copia de la sentencia que da la razón al Estado en la ilegalización de Batasuna, con el objeto de que den a conocer su contenido en los países donde están destinados, informaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

Frases como que Batasuna tenía por objetivo “completar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública”, o que su ilegalización suponía “una necesidad social imperiosa”, recogidas en la sentencia del Tribunal, no van a ser desaprovechadas por el Gobierno, que se apoyará en el prestigio del que goza la Corte de Estrasburgo en todo el mundo.

El apoyo exterior a las tesis de ETA fue disminuyendo progresivamente en los últimos años fruto de la persistencia de la banda por continuar recurriendo a la violencia.

Sin embargo, distintas formaciones europeas, y sobre todo latinoamericanas, continúan simpatizando con el brazo político de la banda, cuando no con la propia organización terrorista, al considerar su lucha legítima, dirigida contra un Estado español opresor que no deja ejercer a los vascos su derecho a la autodeterminación.

El Gobierno considera que los últimos cartuchos del victimismo de Batasuna en el exterior han quedado mojados con la sentencia de un Tribunal que se ha distinguido por poner negro sobre blanco los abusos de estados como el ruso o el turco, condenándolos por su actuación contra chechenos y kurdos.

La sentencia es interpretada como un paso más de la asfixia exterior de ETA y Batasuna, precedido de otros clave como la ruptura del último proceso de paz y la ausencia abertzale proetarra del Parlamento europeo al no lograr Iniciativa Internacionalista votos suficientes.