El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declarará en el día de hoy como imputado ante el Tribunal Supremo en relación por la querella por prevaricación que el sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso contra él por su actuación en el caso de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.

Así lo dispuso en una providencia notificada ayer el magistrado instructor del caso, Luciano Varela, que ha citado a Garzón a las 12.30 horas para que declare en la causa abierta a raíz de la querella de Manos Limpias –sin representación en ningún centro de trabajo y representada por el ex dirigente de Fuerza Nueva Miguel Bernard– a la que se acumuló otra de Libertad e Identidad.

Estas dos asociaciones consideran que el juez de la Audiencia Nacional cometió un delito de prevaricación –que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas– al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo siendo consciente de que no lo era.

El pasado 27 de mayo, el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella que Manos Limpias había presentado en enero, después de que el juez acordara en noviembre de 2008 remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas con restos de desaparecidos que mandó abrir cuando se declaró competente para investigarlo.

En este sentido, la Fiscalía había pedido al Tribunal Supremo que archivara la querella, al no apreciar en las resoluciones dictadas por el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional los requisitos previstos para el delito de prevaricación.

Para la Fiscalía, no había evidencia de que Garzón hubiera actuado “suplantando la ratio y el fin de la norma por sus propias y particulares convicciones”.

Garzón recurrió a finales de mayo la decisión del Alto Tribunal y negó haber prevaricado al declararse competente en el caso de las desapariciones durante la Guerra Civil.

Según Garzón, ni el fiscal ni los magistrados de Sala de la Audiencia Nacional cuestionaron esta decisión como “extravagante, absurda o esperpéntica” o como constitutiva de un delito de prevaricación.

El Alto Tribunal rechazó los argumentos de Garzón al considerar que no desvirtuaban su decisión de admitir la citada querella y recordó al magistrado que “no se inicia un proceso porque se sea responsable de un delito, sino para poder determinar con garantías si se es o no responsable”.

La actuación de Garzón fue respaldada anteayer por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que desde Ginebra expresó su preocupación por la investigación abierta.

Según expresó la CIJ en un comunicado a los medios, las investigaciones del juez Garzón “de los crímenes contra la humanidad no equivalen a negligencia profesional que pudiera justificar acciones disciplinarias, mucho menos una persecución penal”.

La CIJ estima, además, que este intento de interferir en el procedimiento judicial “es de particular preocupación, puesto que concierne una investigación por crímenes contra la humanidad, por los que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente”.