El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la denuncia que el sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por dejar en libertad bajo fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde, que luego se dio a la fuga.

Así lo informaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que señalaron que la comisión disciplinaria del CGPJ adoptó este acuerdo por cuatro votos a uno.

El CGPJ consideró que los hechos objeto de la denuncia constituyen una cuestión “estrictamente jurisdiccional sin relevancia disciplinaria”, por lo que no investigará los hechos denunciados por Manos Limpias.

Votaron a favor de no investigar al titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional los vocales del Consejo Pío Aguirre, Gema Gallego, Miguel Carmona y Margarita Uría.

Por su parte, el vocal José Manuel Gómez Benítez, ex abogado del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, votó en contra por entender que debería abrirse una información previa al objeto de investigar debidamente los hechos. Manos Limpias alegaba que Velasco incurrió en “negligencia grave” y que merecía una sanción disciplinaria.

“Este hecho ha causado una gravísima alarma social y pone en tela de juicio la responsabilidad de algunos jueces y magistrados cuando se trata de procedimientos que afectan al terrorismo”, señalaba el sindicato ultraderechista sin representación en ningún centro de trabajo.

El pasado 3 de septiembre la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional concluyó que tanto Velasco, que impuso una fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde tras ser extraditada por Francia y que posteriormente se dio a la fuga, como el juez Baltasar Garzón, que ordenó su ingreso en prisión, actuaron de manera correcta.

La Sala de Gobierno acordó entonces por unanimidad que no había lugar a incoar diligencias informativas para que sean remitidas al CGPJ.

Piden prohibir un acto de apoyo a Udalbiltza Kursaal

Dignidad y Justicia ha pedido a la Audiencia Nacional que prohíba una jornada de apoyo a la ilegalizada Udalbiltza Kursaal (asamblea de electos de Batasuna) –22 de cuyos responsables están pendientes de juicio–, convocada para el próximo domingo en las Campas de San Pedro, entre las localidades navarras de Alsasua y Urdiain.

La asociación de víctimas que preside Daniel Portero dirige esta petición a la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por ser la que tiene pendiente fijar la fecha del juicio a los responsables de la ilegalizada Udalbiltza Kursaal para los que la Fiscalía pide entre 10 y 15 años de cárcel por integración en organización terrorista y malversación de caudales públicos.

En su escrito, Dignidad y Justicia solicita la prohibición de este acto por considerar que encubre una acción de la ilegalizada Batasuna y en apoyo a los presos de la banda terrorista ETA.