La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Santiago Pedraz que solicite a las autoridades francesas las pruebas de la aparición de las huellas y el ADN del dirigente de ETA, Garikoitz Azpiazu Txeroki, en el coche utilizado para huir por los etarras que asesinaron a dos guardias civiles en Capbreton (Francia).

En el escrito que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1, el fiscal explica que a través del Magistrado de Enlace con Francia, Manuel García Castellón, ha tenido conocimiento de la aparición de las huellas digitales y el ADN de Txeroki en el Peugeot 307 que utilizaron en su huida los terroristas que asesinaron el 1 de diciembre de 2007 a los agentes Raúl Centeno y Fernando Trapero.

Ante esa circunstancia, el Ministerio fiscal solicita al juez que libre una comisión rogatoria internacional con el fin de que las autoridades francesas remitan una copia de dichas pruebas para que puedan incorporarse a la causa que se instruye en la Audiencia Nacional relacionada con ese atentado.

En el marco de esa investigación el pasado mes de octubre Pedraz ordenó el ingreso en prisión de dos presuntos integrantes del comando Nafarroa de ETA, que situaron a Txeroki, entre los autores del asesinato de dos guardias civiles en Capbreton.

Se trata de los presuntos integrantes del comando Nafarroa Aurken Sola y Xabier Rey, que declararon ante la Policía que Txeroki participó en el atentado.

La petición de la Fiscalía se produce a tres días de que Txeroki, sea entregado a España de forma temporal por las autoridades francesas para ser interrogado por cinco de las veintiuna causas que tiene pendientes en la AN.

Anulan la comisión municipal de Elorrio

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Bilbao ha anulado un acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Elorrio (Vizcaya) en 2007 por el que se creaba una comisión de ayuda a familiares de presos de ETA.

En la resolución, según informó ayer en una nota la Delegación del Gobierno en el País Vasco, el juez ha estimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra el acuerdo del Ayuntamiento de Elorrio de 27 de junio de 2007, por el que se creó la denominada Comisión Informativa de Represaliados.

La sentencia argumenta, según la Delegación del Gobierno, que el presupuesto para 2007 del consistorio de la localidad vizcaína carecía de previsión económica que amparara “la puesta en marcha y el funcionamiento de esa comisión”, cuya finalidad era asistir “a las necesidades de los presos de la organización terrorista en todos sus aspectos”, según el fallo judicial.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, ha considerado que “ninguna administración” puede estar “capacitada para actuar al margen de sus competencias”, aseguró.