El juicio del conocido como "caso Romanones", que comenzará el próximo 6 de marzo y en el que la Fiscalía ha pedido nueve años de cárcel para el padre Román por presunto abuso sexual a un menor, ha modificado dos de las sesiones que habían sido fijadas para los últimos días de la vista oral.

Aunque inicialmente el juicio tenía previsto celebrarse entre el 6 y el 16 de marzo finalmente, la Audiencia de Granada ha decidido señalar, a petición de una de las partes, los días 20 y 21 de ese mismo mes para que tengan lugar las dos últimas sesiones, según recoge una resolución judicial a la que ha tenido acceso Efe.

De acuerdo al nuevo reparto, el primer día fijado de vista oral, el 6 de marzo, está previsto que declare el único procesado en este caso, mientras que al día siguiente será el turno de los testigos y el día 8 comparecerá el denunciante y supuesta víctima de abusos.

La declaración de testigos se prolongará los días 9, 10 -cuando declarará el arzobispo de Granada, Javier Martínez- y 13 de marzo, y los días 14 y 20 de ese mismo mes será el turno para los peritos, mientras que se ha fijado el 21 para la fase de conclusiones.

En el juicio declararán en calidad de testigos los sacerdotes y seglares que inicialmente estuvieron investigados en la causa hasta que la Audiencia decretó que habrían prescrito los delitos que se les podrían imputar.

En los escritos provisionales, la defensa del acusado solicitó su libre absolución y que el denunciante pagara las costas procesales.

La Fiscalía pidió para el padre Román como único procesado nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal, una pena que la acusación particular elevó a 26 años de prisión y la popular a 15 años de cárcel.

El caso se abrió después de que un joven que ahora tiene unos 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco.

Durante la declaración indagatoria, el único imputado en la causa expresó su "absoluta" disconformidad con el auto de procesamiento y explicó que únicamente tenía, como sacerdote, un "amor fraterno" por el denunciante de los supuestos abusos.

En este proceso judicial llegó a haber hasta doce imputados, diez curas y dos laicos, aunque la Audiencia decidió de manera definitiva declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos.