El Gobierno está buscando una fórmula con la que corregir la disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que crea una Comisión de Propiedad Intelectual con potestad para cerrar páginas web que vulneren derechos de autor.

Según explicaron ayer fuentes del Ejecutivo, está claro que toda decisión administrativa cuenta y contará con un control judicial.

En el anteproyecto de Ley se establece que la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, podría actuar sin necesidad de decisión judicial contra aquellas páginas web que exploten sin permiso contenidos con derechos de autor.

Tras la polémica suscitada entre blogueros, internautas –y también en la oposición–, el Ejecutivo estudia cuándo intervendrá el juez a la hora de cerrar una página, antes o después de que la Comisión de propiedad intelectual tome una decisión.

En el hipotético caso de que se optara por un control judicial a posteriori de la decisión que adopte la citada Comisión, reconocen las fuentes que el juez debería actuar sin dilación, para evitar cualquier eventual vulneración de derechos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha indicado que la creación de la Ley de Economía Sostenible acaba de comenzar y que por tanto es momento de debatir sobre cómo luchar contra la piratería en internet.

“El Gobierno estima imprescindible reforzar la protección de la propiedad intelectual en la red y eso debe ser perfectamente compatible con los derechos de los usuarios”, dijo.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, respaldó la labor de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en la nueva legislación para el control de las descargas en internet, y negó que el jefe del Ejecutivo la desautorizara al decir que “no se cerrará nada” en la red.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega respondió así al ser preguntada sobre si la titular de Cultura se había planteado dimitir después de que el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero la desautorizara ayer al decir que “no se va a cerrar nada” en internet, “ninguna página web, ni ningún blog”.

“La ministra no se ha planteado ninguna de las cuestiones que usted me ha mencionado”, dijo la vicepresidenta, quien subrayó que las palabras de Zapatero “no suponen, en absoluto, ninguna desautorización a la ministra” y que para el presidente, González-Sinde ésta está llevando a cabo su tarea “acertadamente”.

Recordó De la Vega que la regulación legal de las descargas en internet es “una iniciativa del Gobierno, no sólo del Ministerio de Cultura, que, por cierto, parece lógico que defienda la creación intelectual y sus derechos”.

El proceso de creación de esta ley, insistió, acaba de comenzar, por lo que es ahora el momento idóneo para debatir.

“Ahora viene todo un proceso de información que determinará una posición en la que estudiaremos todo lo que haya que estudiar: si tiene o no que haber una decisión administrativa (para el cierre de páginas web que infrinjan la legalidad) y con qué garantías, cuál es el momento de la intervención judicial, etcétera”, refirió.

De la Vega recalcó que dicho proceso se acometerá desde la sensibilidad hacia los derechos de todas las partes.

“El Gobierno es sensible a las reivindicaciones de los creadores y de los internautas, todos son ciudadanos y el Gobierno tiene que garantizar y armonizar los derechos de unos y otros”, sostuvo.