La jueza instructora del caso Acinipo, Judith Saiz, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda, entregó ayer viernes a las distintas partes implicadas en la causa la documentación referida a la pieza separada número siete, que la magistrada ha venido en denominar “Prevaricación y otros”. La documentación, con más de 300 folios a los que ha tenido acceso RONDA SEMANAL, está referida a las tareas de asfaltado que se llevaron a cabo en 2010 en Ronda, y que supusieron la imputación la pasada semana de siete personas, como explicó este periódico en su anterior número. Pero además hay un detalle novedoso en la investigación, referido a las pequeñas pistas de césped artificial inauguradas también en 2010, en el Olivar de las Monjas, y que según los investigadores podrían haber sido adjudicadas a una empresa tras presuntamente vulnerarse los procedimientos legales de contratación. La documentación remitida por la jueza a las partes contiene el informe policial realizado por los investigadores del Grupo Segundo de la UDYCO-Costa del Sol, que incluye los conocidos pinchazos telefónicos, así como la transcripción de las declaraciones que tuvieron lugar la pasada semana en la Comisaría de Ronda y que ya fueron reveladas por este periódico.

La tediosa investigación sigue sin aportar indicios que puedan relacionar a los imputados con el cohecho, y ha derivado, por el contrario, en un sesudo trabajo policial que escudriña las actuaciones administrativas en el Consistorio, recelando los policías del modo de actuar del entonces alcalde e incluso de técnicos municipales, como ya es sabido.

La Policía cree que la ejecución de las referidas pistas deportivas del Olivar de las Monjas es una de las tres actuaciones de obra pública que, junto con el ya famoso asfaltado, fue adjudicada de modo directo por el Ayuntamiento a una misma empresa, en concreto la UTE constituida por Francisco Vera Cruces S.L. y Movimientos Grupo OV S.L. Para ello, afirman los investigadores, se realizaron “aquellas irregularidades administrativas” que fueron necesarias con el objeto de que las obras fueran ejecutadas “por unos mismos empresarios”, calificando tales actos como “prevaricaciones administrativas”. Las conclusiones policiales se basan en la documentación investigada, en concreto facturas, decretos de Alcaldía o incluso actas de Juntas de Gobierno, así como en los pinchazos telefónicos.

La Policía relata que a finales de julio de 2010 Francisco Vera Cruces SL elaboró un presupuesto de 120.000 euros para la ejecución de una pista polideportiva. En agosto se elaborarían otros tres, el último de ellos mucho menor que el primero, por 49.478,20 euros, IVA incluido, lo que permitió, al ser un contrato menor, la ejecución directa de la obra por parte de dicha empresa, al poderse evitar cualquier procedimiento de concurso. Los investigadores llegan a afirmar en sus informes que el importe de la factura es totalmente “aleatorio” con tal de ser inferior a los 50.000 euros para su adjudicación directa. Al final subrayan los policías que las obras quedaron incompletas, debiendo el Ayuntamiento contratar a otra empresa no implicada en la investigación la colocación del césped, por unos 30.000 euros. La Udyco opina que el proyecto no debió fraccionarse, y cifra su coste total en 79.476,32 euros, por lo que tendría que haberse tramitado un procedimiento de concurso negociado de obras.

Esta derivada de la investigación no deja de ser un apéndice, a tenor de las conclusiones policiales, de las pesquisas en torno al famoso asfaltado de distintas calles de la ciudad, que llevaron a la Policía a imputar la pasada semana a cuatro funcionarios municipales, al ex concejal de Tráfico y a dos empresarios.

En su informe a la jueza, los agentes concluyen que las obras se ejecutaron y que “posteriormente se reconstruyó todo el proceso administrativo para darle visos de legalidad, fraccionando el objeto del contrato” para evitar también las disposiciones de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. Añade un contundente informe policial que “todo ello de forma consciente, a sabiendas y dirigido para que sea la UTE de unos empresarios concretos la que llevase a cabo las obras”.

En el relato la Policía informa a la instructora del fraccionamiento en varios pagos de unos trabajos que costaron en total 298.400 euros y que debieron también someterse a los mandados procedimientos negociados.

REACCIONES

El ex alcalde de la ciudad, Antonio Marín Lara, declaró a RONDA SEMANAL la pasada semana tras conocerse nuevas imputaciones hechas por la Policía que los derroteros de la investigación están convirtiendo el llamado caso Acinipo “en una especie de causa general del Ayuntamiento de Ronda”, dijo para lamentar el enjuiciamiento de la tarea administrativa desarrollada durante su mandato en la ciudad. Y aseguró que está capacitado para demostrar que nunca actuó políticamente contra informes técnicos que, defendió también, “nadie puede refutar”.

En torno a las tareas de asfaltado, Marín siempre defendió que se siguieron los procedimientos legales, asegurando que parte de los mismos fueron una mejora presentada por la UTE que, a su vez, había sido elegida para acometer los trabajos que se desarrollaron en la Plaza de España. La Policía advierte en sus informes que no hay indicios de ninguna irregularidad en estas últimas obras, si bien no hace referencia alguna a las referidas mejoras que siempre defendió Marín.