La Estación San Fernando Centro se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los taxistas isleños y para el Ayuntamiento, al ser uno de los puntos calientes de la provincia donde se registra una mayor incidencia de taxis piratas. El motivo no es otro que dicho enclave es estratégico, al ser la estación de trenes más cercana que tienen los ciudadanos y personas que vengan de fuera y quieran ir hacia la zona de La Janda. De hecho, hasta el momento se han contabilizado hasta 25 actuaciones contra este tipo de acto delictivo, tal y como señalaba este miércoles el delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento isleño, Daniel Nieto.
Esta cuestión y otras fueron abordadas este miércoles en la Jefatura de la Policía Local de San Fernando, donde se ha desarrollado la primera reunión del Observatorio del Taxi. En este primer encuentro han estado presentes los representantes de asociaciones de taxistas de San Fernando, El Puerto de Santa maría y Jerez, excusando su presencia pero ratificando su adhesión los profesionales de este gremio de Cádiz y Chiclana, además de la Unión de Consumidores de Cádiz, a través de su presidente Miguel Ángel Ruiz, y el propio Ayuntamiento de San Fernando con Daniel Nieto y el intendente de la Policía Local, José Suraña.
Como no podía ser de otro modo, esta primera reunión ha puesto sobre la mesa un primer de tema de plena actualidad, el intrusismo de los transportes ilegales y el perjuicio que ello causa a los profesionales que realizan su labor conforme a ley además del menoscabo que ello supone para la imagen de una provincia como la gaditana, donde el sector turístico tiene tanta importancia y lo que contar con un transporte público de calidad supone.
Nieto espera que esta iniciativa comience a tener consecuencias positivas, que sirva para trasladar la información correcta al usuario y se logre la erradicación de la práctica ilegal. El edil popular recordó que el equipo de Gobierno del PP que el Ayuntamiento lleva ejerciendo el control pertinente sobre el taxi ilegal, un servicio donde desaparecen los derechos del consumidor -no cuentan con un coste de tarifa reglada y revisada, por ejemplo-, se pone en peligro incluso su vida al carecer estos taxis ilegales de los seguros de responsabilidad civil y cuya contratación puede acarrear sanción. De hecho, la nueva normativa trae como consecuencia la inmovilización del vehículo que presta el servicio ilegal hasta el pago de una cuantiosa multa.
