El interventor del Ayuntamiento de San Fernando, José Antonio López, y la tesorera, María de las Virtudes Gómez, han sido imputados por la nueva jueza que se ha hecho cargo de la instrucción del desfalco de los 7,8 millones de euros de la caja municipal. Entiende que ambos podrían haber incurrido en un presunto delito de malversación de caudales públicos y tendrán que comparecer ante la jueza el próximo mes de septiembre.
Eso sí, el auto entiende que no hay sido de forma intencionada pero sí que podrían haber cometido una negligencia en el ejercicio de sus funciones que podría haber permitido la pérdida de esa ingente cantidad de dinero. Una situación que no comparte el fiscal del caso que entiende que, con el nuevo código penal en la mano, no está probada dicha intencionalidad o se hayan beneficiado de la situación y, por tanto, no deberían estar imputados. Será la Audiencia la que decida.
Por otro lado, el auto de la jueza también recoge el sobreseimiento de la causa con la suegra de Clemente Ruiz, cajero y principal imputado por el desfalco, y una de las mujeres de la familia marroquí a la que se le vinculó con Clemente Ruiz. Contra el resto de la familia hay una orden de captura, ya que posiblemente podrían encontrarse en su país de origen. Una posición de la jueza que tampoco comparte el fiscal porque entiende que el actual momento procesal no es para conceder dicho sobreseimiento, al menos hasta que declaren todos los presuntos implicados del clan marroquí.
Reacción del Ayuntamiento
El delegado de Presidencia del Ayuntamiento isleño, Conrado Rodríguez, ha realizado un primer avance de la imputación de ambos funcionarios, aunque está recurrida, señalando que "desde el Gobierno local mantenemos el mayor de los respetos a las actuaciones jurídicas y hemos solicitado de forma inmediata los informes jurídicos para conocer el nivel de repercusión que tiene este Ayuntamiento y qué medidas podemos tomar".
Rodríguez afirmaba que, por ahora y al estar recurrida la imputación, tanto el interventor como la tesorera seguirán manteniendo sus funciones a la espera del posicionamiento que adopte con respecto a ellos el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "puesto que hay que recordar que se trata de dos habilitados nacionales y que, por tanto, se sale de las competencias de este Ayuntamiento a la hora de poder adoptar posibles medidas disciplinarias".
