La cuenca del Guadalquivir tan sólo cuenta con el 26,3% de su almacenamiento y no llega ni a la mitad de los últimos diez años. Por ello, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha declarado la “situación excepcional por sequía extraordinaria” en el 80% de dicha cuenca. También, la junta de gobierno de la CHG ha acordado pedir al Ministerio de Transición Ecológica la promulgación de un real decreto ley para paliar los efectos de la sequía. Es más, ha acordado la constitución de la una comisión permanente de sequía para gestionar esta situación que atraviesa la cuenca y que estará compuesta por los cuatro jefes de unidad de la CHG y representantes de la junta, de entidades locales, de regantes y otros usuarios, de sindicatos, empresarios y entidades medioambientales.

Durante una comparecencia pública, el presidente de la CHG, Joaquín Páez, ha adelantado que se encuentran diez unidades territoriales de escasez (UTE) en situación de emergencia, lo que supone el 80% de la reserva total de la cuenca.

Así se encuentran el Sistema de Regulación General -el 70% del total-, Guadiamar, Hoya de Guadix, Dañador, Sierra Boyera, Rumblar, Guadalentín, Guardal, Guadalmellato, Bembézar-Retortillo, además del subsistema de las Vegas Altas de Granada, Cubillas-Colomera. “Si no cambia la situación, se incorporarán más unidades”, ha confesado.

 

 



“Nuestra obligación es gestionar la realidad de la cuenca en la que viven 4,3 millones de personas, de 554 municipios y 890.000 ha de regadío”, ha declarado Páez.

Momento “complejo”

Esta situación “compleja” se debe a que el año hidrológico, que arranca en octubre, cuenta con un 17% menos de precipitación acumulada, el 57% menos de aportaciones a los embalses y hasta el 20% menos de volumen medio, situándose hoy en día al 26,2% de su capacidad total.

“Desde hace casi diez años estamos sufriendo un periodo seco. De los últimos ocho, solo uno de ellos, el 2017-2018 se ha aproximado a la media de precipitaciones. El resto se han caracterizado como secos o con tendencia a un periodo seco”, ha indicado el presidente de la CHG.

Por todo ello, la junta de gobierno de la CHG pedirá próximamente la promulgación de un real decreto ley para paliar los efectos de la sequía que atraviesa gran parte de la cuenca del Guadalquivir. Una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica presente el documento en el Consejo de Ministros del Gobierno de España se podrá abordar ayudas para los agricultores, afectados por la falta de lluvias. De la mejora de los embalses en la cuenca del Guadalquivir dependerá la posibilidad de riego en futuras fechas.



Dos años de garantía para el uso doméstico

El presidente de la CHG, Joaquín Páez, ha señalado que “está garantizado” el abastecimiento de agua para uso doméstico durante los dos próximos años, aunque sí podrían empezar a tener problemas municipios que se surten de manantiales o aguas subterráneas.

El 87% del consumo de agua de la cuenca corresponde al regadío agrícola, el 10% al abastecimiento doméstico y un 3% al uso industrial, ha apuntado el responsable de la CHG, quien ha valorado el compromiso de la mayoría de los regantes que han sufrido disminuciones de dotaciones máximas en los últimos años.

De hecho, ha señalado que “ahora no se puede regar en la cuenca del Guadalquivir” tras haber dispuesto en esta campaña de 965 hm3 de dotación para riego, que se ha cumplido escrupulosamente.

Asimismo, Páez ha destacado que la cuenca del Guadalquivir está muy expuesta a los efectos del cambio climático y lleva afectada por este fenómeno 25 años en forma de un 7% menos precipitaciones y un 20% menos aportaciones a los embalses en los últimos cuarenta años respecto a los cuarenta anteriores.

Además, en octubre prácticamente no ha llovido y el mes ha acabado, incluidas las escasas lluvias de este pasado fin de semana, con precipitaciones de 42 litros por metro cuadrados cuando la media es de 71 litros.

Por todas estas situaciones, desde la CHG se marcan como objetivos evitar una pérdida en los cultivos vulnerables y la intensificación de campañas de educación y concienciación del ahorro.