La Audiencia de Sevilla ha condenado al exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, a un año y medio de cárcel por las ayudas a cinco empresas de corcho en la Sierra Norte de Sevilla, una de las piezas del caso de los ERE.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, en una resolución remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), absuelve a los otros cuatro investigados que fueron enjuiciados por delitos de prevaricación y malversación al concluir que no tuvieron participación en los hechos.

El tribunal ha condenado a De la Borbolla a un año, seis meses y un día de cárcel por unas ayudas de 8,4 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió a empresas del sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla

En una sentencia notificada este jueves a las partes, contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Audiencia condena a Ángel Rodríguez de la Borbolla como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El tribunal le impone además inhabilitación absoluta por tiempo de tres años y un día, así como que indemnice a la Junta de Andalucía con 8.408.096,42 euros.

La Audiencia considera probado que el condenado “controlaba y dirigía, al menos desde comienzos de los años 2000, un grupo de empresas conectadas geográficamente a la Sierra Norte de Sevilla, concretamente a las localidades de Cazalla de la Sierra y El Pedroso, dedicadas al sector del corcho en sus distintos ámbitos productivos y de negocio”, grupo en el que se incluyen Cortansa, Corchos de Cazalla, Corchos Higuera, Servicios y Mantenimientos de Cazalla de la Sierra, y Enoworld.

De la Borbolla era socio -en casi todas ellas mayoritario- y administrador de derecho o de hecho de las sociedades mercantiles referidas anteriormente, las cuales “atravesaban una mala situación económica que las abocaba al cierre y liquidación”, afirma la Audiencia en la sentencia fechada el día 8 de junio.

La sentencia pone de manifiesto que el condenado conocía, gracias a muchos cargos públicos de la Junta y por pertenecer al PSOE, que la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social otorgaba ayudas a fondo perdido a empresas.

El grupo de empresas controlado por el condenado obtuvo ayudas o subvenciones por un montante total de 8,4 millones, siendo el acusado “conocedor” de que las mismas “se debían exclusivamente a la libérrima voluntad de los cargos públicos con los que contactó y que acabaron beneficiando”, señala la sentencia.

La Audiencia absuelve a los otros cuatro acusados que fueron juzgados como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación y malversación.