La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha cerrado la queja instada por la plataforma de Sevilla contraria a la inmatriculación de bienes acometida a su favor por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015, por las obras promovidas por el Cabildo de la Catedral hispalense en la conocida como Nave del Lagarto del citado templo, declarado Patrimonio Mundial en 1987, para la nueva tienda librería del mismo; destacando entre otros aspectos "la tolerante capacidad interpretativa de la Comisión de Patrimonio para soslayar el impacto" de dicha instalación.

En su escrito de queja, estos colectivos recuerdan que en 2019, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz emitió ya una resolución solicitando a la Junta de Andalucía "disponer las medidas de elaboración, discusión y aprobación de un Plan Director de la Catedral, como instrumento de ordenación y gestión que permita la adecuada definición de la funcionalidad de este elemento histórico artístico de primer orden, junto a una dimensión religiosa y espiritual".

Al respecto, señalan que a día de hoy no hay "noticias" sobre la "actualización, revisión o nueva redacción" del "plan director" solicitado respecto a la Catedral de Sevilla, alertando de que "con base a un supuesto" documento de tal naturaleza, el Cabildo Catedralicio había emprendido "la ampliación de la tienda" del templo en la galería este de la Nave del Lagarto del Patio de los Naranjos, una actuación avalada por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Turismo y Cultura, pero que según los colectivos "agrava" la situación de dicho patio.

LA NUEVA TIENDA Y EL PATIO DE LOS NARANJOS

Según las entidades, la nueva tienda promovida en la Nave del Lagarto del Patio de los Naranjos "duplica prácticamente la superficie mercantil, ocupando casi el total de la galería este y dificultando sobremanera el paso de las personas", toda vez que estos colectivos vienen reclamando que el Patio de los Narajos recupere su antigua función de espacio de pleno acceso público, frente a la "privatización" acometida por el Cabildo Catedralicio.

Al respecto, y en una resolución emitida el pasado 31 de mayo, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz aborda los informes emitidos al respecto por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en el primero de los cuales consideraba "factible la ocupación de la nave del Lagarto" con la nueva tienda, pero precisando que la misma "debe introducirse dentro de un orden de medida que se ajuste de forma más proporcionada a la longitud de la nave, introduciendo una modulación más acorde con el ámbito en el que se introduce, eliminando la presencia de las eolípilas".

En ese sentido, ante la autorización final concedida al proyecto por parte de la Comisión, el departamento de Maeztu expone que "los aspectos destacados en el análisis técnico que se realiza en el seno de la Comisión vienen a compartir análogas reservas o disconformidades expresadas en la queja"; mencionando que "se alude a la imagen de transitoriedad del prefabricado de la tienda y la descontextualización de semejante elemento con el espacio monumental".

"LA DIMENSIÓN FINAL" DE LA TIENDA

También recuerda que la Comisión llama en uno de sus informes a "reflexionar sobre la dimensión final que ha de tener este mueble, considerando que lleva al límite la ocupación del espacio del que disponen, tensionando sobremanera sus relaciones".

Tras ser autorizado el proyecto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz indica en su resolución que "ciertamente, destaca en este caso la tolerante capacidad interpretativa de la Comisión de Patrimonio para soslayar el impacto de semejante artilugio frente a los valores contemplativos de tan exclusivo entorno monumental, su perdulabilidad en el tiempo, e, incluso, la propia aceptación de compatibilizar la presencia de una caseta de recuerditos en el corazón de la Iglesia Catedral de Sevilla"; en un contexto en el que "el diseño de unos toldos o alguna cartelería han provocado respuestas de mayor rigor desde este organismo".

No obstante, el departamento de Maeztu precisa en su resolución que no pretende "relegar o corregir las aportaciones científicas y especializadas que se producen en el seno de los debates técnicos que se afrontan en el seno de los trabajos y funciones de la Comisión Provincial de Patrimonio"; que finalmente "converge en la conformidad para otorgar las licencias oportunas, bajo cuyos condicionantes se ejecuta el proyecto".

"En todo caso, del estudio de los contenidos de dichos informes podemos deducir un sentido colaborador ante las exigencias de protección afectadas por los proyectos intervención sobre el espacio afectado; y, en particular, destacar el proceder de la autoridad cultural para requerir a la entidad responsable del proyecto la adopción de medidas correctivas y de adecuarlo para no afectar a determinados límites perimetrales", finaliza la resolución.