Una decisión “desgraciada”. Así han calificado el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; y los portavoces de Ecologistas en Acción y Greenpeace, Isidoro Albarreal y Luis Berraquero, la concesión de la Junta de Andalucía de la autorización ambiental para la reapertura de la mina ‘Los Frailes’ de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla.

López de Uralde ha mantenido una reunión con estos colectivos sociales y ecologistas, junto a la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo; y el diputado de Podemos en el Parlamento de Andalucía, Juan Antonio Delgado, y han creado una “unidad de acción” para manifestar su rechazo a la reapertura y pedir su anulación.

Desde Alianza Verde y Podemos Sevilla ya han advertido que esta reapertura es un “retroceso del modelo productivo que posiciona a Andalucía ante la Unión Europea como tierra de sacrificio al servicio de la economía extractiva, supondrá el volcado al Guadalquivir de más de 80.000 millones de litros de aguas tóxicas”.

Juantxo López de Uralde ha señalado el “mal recuerdo de la catástrofe ecológica provocada por la rotura de una balsa de la mina de Aznalcóllar hace ya 25 años, provocando un vertido de más de 5 millones de metros cúbicos de vertidos tóxicos y por los que sus responsables no han pagado”.

Ha denunciado que es “un disparate que desde la Junta de Andalucía se esté promoviendo la reapertura de este proyecto, que nada tiene que ver con lo que necesita el territorio, que no es una actividad sostenible y que va a condenar nuevamente a Doñana y su entorno".

Alianza Verde, junto a Podemos Sevilla, lleva meses reclamando desde diferentes ámbitos, que se descarte el proyecto por sus implicaciones y que se sustituya por actividades que salvaguarden el patrimonio natural de Andalucía.

Siguiendo el principio de precaución, han advertido que “no debe autorizarse este vertido minero ya que no se han estudiado y valorado adecuadamente sus posibles consecuencias en el Estuario del Guadalquivir y en sus diferentes usos, entre ellos portuario, agrícola y pesquero”.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, ha explicado que “esta autorización no se rige por el desarrollo sostenible, sólo por los intereses de la empresa minera”.

Ha dicho: “Se están anunciando medidas que no se reflejan en la autorización como una supuesta garantía ambiental voluntaria de la empresa minera. Han hablado de 60 millones de euros y no está reflejada en la autorización que tenemos conocimiento y es una garantía voluntaria, por lo que hay que estudiar jurídicamente si nos están tomando el pelo voluntariamente como suelen hacer las empresas mineras”.

El portavoz de Greenpeace, Luis Berraquero, asegura que “el agua que se vierte está en movimiento, sin salir del estuario, hasta 100 días, por lo que posibilita el decantamiento de metales pesados en los lodos que están en la desembocadura del río Guadalquivir, por lo que se va colmatando de metales pesados que pasan a la red trófica, afectando potencialmente a la salud humana porque los metales pesados son muy difíciles de eliminar”.