La Fiscalía de Sevilla ha pedido condenas de hasta nueve años de cárcel para seis acusados que presuntamente se hicieron pasar por fiscales, secretarios judiciales o peritos para estafar a 17 personas un total de 1.579.940 euros con falsas subastas judiciales de pisos, chalés, naves y coches.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, relata los procesos ficticios que pusieron en marcha los acusados entre los años 2009 y 2011 para aparentar que tenían acceso a las subastas judiciales y conseguir de las víctimas la entrega de distintas cantidades de dinero como señal.

Los acusados recibían a sus víctimas en los despachos que el Colegio de Abogados de Sevilla tiene a disposición de los letrados en la sede de los juzgados de lo civil y les entregaban unas supuestas "actas de subasta", recibos bancarios falsificados y otros documentos con un sello real del juzgado de primera instancia 18 y otro falso del juzgado de primera instancia 1.

Ante los compradores que sospechaban por el retraso en recibir los bienes adjudicados, los acusados llegaron a llamar a un cerrajero y cambiar las llaves de una casa en la aldea de El Rocío, y en otra ocasión rompieron la cadena de una cancela en Islantilla (Huelva).

Relata que el fiscal que a un comprador a quien los acusados ofrecieron un coche Audi Q5 subastado por 13.400 euros, el imputado Manuel L.A. le telefoneó y le dijo que "era muy goloso y había un juez interesado en el mismo".

En una de las falsas operaciones desarrolladas en el despacho del Colegio de Abogados, con presencia de Aitor I.A., que fue presentado como "Antonio el fiscal", los acusados dijeron al comprador que "la impresora no funcionaba, por lo que tenía que sacar los documentos del ordenador de otra oficina", tras lo cual el imputado regresó a los pocos minutos con una supuesta "acta de subasta".

Relata el fiscal que otra de sus víctimas llegó a pasar por la vivienda supuestamente subastada, comprobó que había gente en su interior y entonces los acusados le explicaron que el anterior propietario la había alquilado pero que "el dinero del alquiler se uniría a lo que él ya había depositado en el juzgado".

Otra víctima fue un empresario a quien el acusado Pedro G.C. debía 30.000 euros por unos movimientos de tierra, a quien ofreció su trabajo como "perito tasador en los juzgados de Sevilla, Huelva y La Palma del Condado" para ofrecerle un coche BMW y dos camiones Iveco para compensar esa deuda.

La Fiscalía de Sevilla sitúa el total de lo defraudado en 1.579.940 euros, en un total de 17 operaciones, por lo que imputa a los seis acusados delitos continuados de falsedad en documento oficial y estafa.

Según su grado de participación, la Fiscalía pide para los acusados Pedro G.C., Manuel L.A. y Aitor I.A. nueve años de prisión, para Antonio Luis C.R. pide seis años y seis meses, para José Antonio M.R. tres años y medio y para Antonio C.M. un año de cárcel.

Los tres principales acusados, en su declaración ante el juez, se culparon unos a otros como "director de orquesta" del timo y autores de la idea de hacerse pasar por jueces o fiscales para ganarse la confianza de las víctimas.