Una treintena de letrados pertenecientes a la Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais) se han concentrado en la mañana de este martes en los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital hispalense para protestar contra la Ley de Tasas Judiciales y pedir su "inmediata retirada", ya que "crea una Justicia de ricos y otra de pobres".

   El presidente de la asociación, José Manuel Carrión, ha señalado en declaraciones a los periodistas que esta Ley "perjudica a la Justicia y a la profesión de la abogacía", ya que conllevará el cierre de despachos, pues "mucha gente va a dejar de acudir a la Justicia", añadiendo que "queremos Justicia para todos y que no sea sólo para unos pocos".

   Los abogados de la asociación han hecho público un manifiesto en el que aseveran que, con la entrada en vigor de la Ley de Tasas, "se produce una inminente pérdida de derechos y consagra una Justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la Justicia a un gran número de ciudadanos".

   En el mismo manifiesto, solicitan la "realización de las dotaciones necesarias para la creación real y puesta en funcionamiento de los sistemas de mediación y arbitraje como forma de solución de conflictos y de reducción del colapso judicial", y la financiación del servicio público de la Justicia "mediante el sistema impositivo general sustentado en los principios de progresividad y capacidad económica, sin incrementar de ninguna de las formas la carga fiscal de los ciudadanos a través de tasas o cualquier otro gravamen".

POTENCIAR LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES

   Asimismo, la asociación demanda la elaboración y desarrollo del Estatuto del Derecho de Defensa "como garantía de protección de sus derechos a los ciudadanos", así como el establecimiento de medidas "dirigidas a dignificar y potenciar el ejercicio de la profesión de la abogacía como garantía de los derechos de los ciudadanos".

   Así, piden la creación de una comisión de relaciones entre la Administración de Justicia y el Colegio de Abogados "que determine la extensión y límites de dichas relaciones y colaboración", así como la potenciación de la independencia de los jueces y el "buen gobierno" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y "garantizar, en todos los órdenes, el acceso a la Justicia como servicio público".
Imprimir