A tenor de la modificación de la ley de Estabilidad Presupuestaria que entra en trámite parlamentario este verano, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha asegurado que hasta octubre "no sabremos en qué se podrá reinvertir el superávit", y destaca que "el Gobierno central ha prorrogado el plazo de su gasto a 2014, pero con nuevos condicionantes que impedirán a la mayor parte de los ayuntamientos del país emplearlo".
Según Villalobos, el Gobierno del PP "está imponiendo a los entes locales del país más requisitos legales que vía decreto, y que, sin dilación, están acabando con la autonomía municipal; legislando contra la ciudadanía, contra los vecinos y vecinas de los 3.475 ayuntamientos españoles que han hecho bien sus deberes y han cerrado sus ejercicios con superávit y, a causa de estos condicionantes imposibles de cumplir, tendrán que olvidarse de poner en marcha programas que generen empleo y actividad económica en sus pueblos".
Así se ha expresado Villalobos, en una nota, tras conocer "la letra pequeña de la modificación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria", que según los compromisos del último Consejo de Ministros entrará en trámite parlamentario a finales del mes de julio.
"In extremis el Ejecutivo de Rajoy ha cedido a las presiones del municipalismo, sobre el destino del superávit en acciones distintas que el pago de deuda a los bancos, no obstante, la tardanza en sus decisiones nos ha hecho perder prácticamente todo un ejercicio presupuestario", ha señalado.
Es más, ha continuado el presidente de la Diputación, "hasta octubre no saldrá la Ley de su trámite parlamentario y no será hasta esa fecha cuando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de su titular, Cristóbal Montoro, nos traduzca qué significa eso de inversiones sostenibles, aunque de nada servirá si siguen generando más obligaciones para los entes locales".
"MÁS OBLIGACIONES PARA LOS AYUNTAMIENTOS"
Concretamente, Villalobos ha criticado que para hacer uso de su superávit en 2014, el Ejecutivo de Rajoy impone nuevos cortapisas a las Administraciones Locales que hurtan la propia autonomía administrativa de los ayuntamientos, debiendo cumplir con un promedio reducido de pago y si no cumplen los plazos, la totalidad del remanente positivo irá al pago de deuda bancaria, tal y como recoge la nueva modificación del artículo 32 de la Ley.
"El Gobierno del PP ha rizado el rizo para, finalmente, de una forma u otra primar el pago de deuda a las entidades bancarias por encima de la creación de empleo y el consecuente arrope a los vecinos y vecinas de los municipios. Me reitero en lo que vengo diciendo desde hace ya un año, el partido popular hace leyes trampa, de cara a la galería cede a la inversión del superávit; pero por decreto ley, ata de pies y manos a los ayuntamientos", ha concluido.
